El Gobierno central cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la nueva Lei 2/2016 do Solo de Galicia, los referidos al suelo rústico y a la obtención de terrenos para dotaciones. El Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia han acordado iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias sobre esta ley, según publica hoy el Diario Oficial de Galicia (DOGA).
Esta cuestión de inconstitucional supondrá un importante impacto en muchos ayuntamientos porque el Estado cuestiona, entre otras disposiciones, que las administraciones públicas y los promotores puedan quedarse con el 100% del aprovechamiento urbanístico (en lugar de ceder el 10% a los Ayuntamientos) en los suelos urbanos no consolidados y en los urbanizables cuando se trata de desarrollar viviedas de protección, suelo empresarial o financiar infraestructuras.
El Gobierno estatal también cuestiona la constitucionalidad de varios artículos del Decreto2/2015 del texto refundido de la Lei de Igualdade referidos a mejoras sociales y económicas que asume la Xunta en favor de las mujeres. Duda de la constitucionalidad, por ejemplo, del artículo que garantiza seis semanas de pago a la mujer después del parto aunque ésta no tuviese derecho a baja por maternidad (prestación de la Seguridad Social). También cuestiona las cláusulas de género que introdujo el Ejecutivo gallego en esta normativa para que en los contratos públicos se diese preferencia a contratistas que tuviesen establecido un plan de igualdad.
Una vez finalicen las negociaciones entre Gobierno central y autonómico respecto a la constitucionalidad de artículos de estas leyes, podrán ocurrir tres cosas: que las dos partes lleguen a un acuerdo en la interpretación del articulado; que la Xunta acepte modificar estos artículos; o que no haya acuerdo y por lo tanto se abriría la vía para que el Estado formule recurso ya ante el Tribunal Constitucional.
