La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite dos recursos judiciales presentados a mediados de enero por la asociación de armadores coruñeses Pescagalicia-Arpega-O Barco contra el plan de gestión del caladero Cantábrico Noroeste. Las acciones legales, tramitadas a través de la propia entidad y la organización de productores que gestiona (OP 31), pretenden anular la posibilidad de que los barcos desguazados mediante subvenciones públicas subasten su cuota.

"Este sistema provoca una acumulación desproporcionada de derechos de pesca por parte de algunos buques, ya que los armadores con mayores recursos económicos son los que pujan más por esos cupos", explica el secretario general de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, por lo que demanda que esas cuotas de los pesqueros despiezados se repartan entre toda la flota del Cantábrico.

Teixeira indicó que la asociación se encuentra a la espera de que la Audiencia Nacional envíe el expediente administrativo del recurso para poder redactar la denuncia.

Las acciones judiciales de Pescagalicia se suman a las de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) y el Principado de Asturias, que ya acumula tres sentencias favorables contra los planes de años anteriores, la última de ellas de comienzos de este mes.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se pronunció ayer en el Parlamento gallego sobre estas querellas. "Habrá que esperar a ver lo que diga la Justicia, pero una parte de los armadores está a favor del reparto", aseguró la titular de Mar.

Mientras, la flota de arrastre atraviesa un 2016 "complicado", al ser "deficitaria" en especies como la caballa (o xarda), la merluza y el jurel, según explica Teixeira. Por ello, el sector insiste en la idea de presentar ante la Unión Europea una propuesta para establecer planes plurianuales de gestión para la xarda y el jurel, con el objetivo de conseguir "unidades de gestión específica" y poder unificar los Totales Admisibles de Capturas (TAC) existentes en las zonas VIIIc (del golfo de Vizcaya a Fisterra) y IXa (de Fisterra al golfo de Cádiz).

La iniciativa, coordinada por la Fundación Rendemento Máximo Sostible e Social (Fremss) e iniciada en 2015, fue debatida a principios de este mes durante las charlas sobre el futuro del sector organizadas por la Consellería do Mar. "Fue una de las que más consenso consiguió", asevera el representante de Pescagalicia, que intenta crear un grupo de trabajo específico sobre este asunto en el Consello Galego de Pesca.

La fundación Fremss ya presentó parte de este proyecto en Bruselas, aunque todavía espera conseguir la colaboración del Instituto Español de Oceanografía y un apoyo "decidido" del Gobierno español. "España, Francia y Portugal deben llevar este proceso ante las autoridades comunitarias, pero Galicia debería ser la principal impulsora", argumenta Teixeira, que afirma que la Xunta ya mostró su "disposición" a colaborar si se consigue un consenso "amplio" en el sector.