Hace dos meses entró en vigor la obligación de rematar el exterior de las viviendas. Son los ayuntamientos los que deben instar a los propietarios a terminar las fachadas e imponer las multas si incumplen esta norma recogida en la Lei do Solo. Si el titular se resiste, el concello puede ejecutar la obra de forma subsidiaria y luego cargar el coste al dueño. Sin embargo, la falta de recursos de muchos municipios está ralentizando la aplicación de la norma, que cumplió su primer mes sin que se impusiera ni una sola sanción. Pero la Xunta no está dispuesta a que la regulación quede en papel mojado y, por esa razón, dará apoyo económico a las corporaciones locales para que la apliquen. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda concederá préstamos a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que ejecuten las obras de forma forzosa.
Lo hará a través de un fondo dotado de 10 millones de euros, que servirá no solo para que los concellos acometan el acabado exterior de las viviendas sino para que ejecuten de forma subsidiaria cualquier otra obra de rehabilitación o demolición de edificaciones cuando los propietarios incumplan la ley y no atiendan las órdenes municipales.
El fondo de cooperación para la conservación del patrimonio será un programa de colaboración del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) con las corporaciones locales. Desde la Consellería de Infraestruturas e Vivenda explican que el objetivo es "que se puedan dar cumplimiento a las obligaciones de mantenimiento y rehabilitación de edificaciones impuestas por distintos textos legales".
Evitar la ruina
"Pretende convertirse en un instrumento eficaz para impulsar la rehabilitación y conservación del patrimonio construido evitando, en la medida de lo posible, su deterioro antes de llegar a la situación de ruina que obligue a su demolición", detallan desde el departamento que dirige Ethel Vázquez.
Estos préstamos están dirigidos a los ayuntamientos con menos capacidad económica, aquellos con menos de 20.000 habitantes, que en Galicia son la práctica mayoría. El IGVS firmará con cada concello interesado un convenio de colaboración en el que se establecerán las condiciones del préstamo (importe, plazo de devolución etc).
De esta manera se les adelantará dinero a los ayuntamientos para la ejecución forzosa de reformas en edificios que se encuentran en estado ruinoso, para rematar casas inacabadas o demoler construcciones ilegales. El ayuntamiento podrá cargar posteriormente los costes a los propietarios, pero dispondrá ya de entrada de liquidez para acometer estas obras y hacer así cumplir la ley.
Este fondo, dotado de 10 millones, será especialmente importante para aplicar la exigencia legal de rematar el exterior de las viviendas, una medida promovida por la Xunta para acabar con el feísmo en Galicia. De hecho, con la llegada de la crisis muchos promotores y propietarios dejaron a medias la construcción de casas y piso que, transcurridos los años, siguen con el ladrillo a la vista.
El objetivo del Gobierno gallego es que se prime el remate del exterior de las viviendas y que, en caso de dificultades económicas del promotor de la obra, lo que se retrase sea el interior de la casa y no lo que queda a la vista. Se obligará así a terminar con las fachadas, medianeras y cubiertas.
Para quien deje sin terminar la rematar la casa se le amonestará con una multa de 1.000 euros el primer trimestre, que se doblará en el segundo si el propietario no responde. Por cada trimestre de desobediencia la sanción se incrementará en otros 2.000 euros acumulables. Y así hasta alcanzar los 25.000 euros, a los que se llegaría al decimoquinto mes desde el primer aviso. Si esta vía no surte efecto, entonces se ejecuta la obra exterior de forma subsidiaria por la administración local.
