Expedientes que se retrasan, facturas que se acumulan y se pagan fuera de plazo, debilitamiento de los controles y empeoramiento de su calidad técnica... La falta de interventores, secretarios o tesoreros municipales ha puesto en una situación límite a pequeños y medianos ayuntamientos. Aunque también hay ciudades que tienen alguna plaza de habilitados vacante. De los 314 concellos, un total de 88 tienen déficit de altos funcionarios, bien porque esa plaza está sin cubrir, bien porque ha sido asumida por personal "de la casa" ajeno a la fiscalización de todos los gastos e ingresos que pasan por las arcas municipales o bien porque aunque tienen un secretario o interventor lo está "a medias" ya que lleva las cuentas de varios ayuntamientos. Este balance hace que cerca del 30% de los concellos gallegos vean lastrada su gestión económica financiera.
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y también alcalde de O Barco, Alfredo García, advierte de que este déficit de funcionarios habilitados "genera problemas graves de funcionamiento" e incluso en algunos casos supone la "parálisis total" de la administración.
El debilitamiento de los controles en las administraciones locales, según apunta García, se agravó todavía más a raíz de que Hacienda obligase a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a crear la plaza de tesorero, una exigencia que deja fuera de juego a los concejales que hasta ahora solían desarrollar este tipo de tareas en los pequeños y medianos concellos, en muchos casos sin cobrar.
En Galicia, la mayoría de los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes ya contaba con funcionarios de habilitación nacional en Tesorería, pero en los de población inferior a 5.000 vecinos estas tareas eran asumidas por un edil y la recaudación se delega en las diputaciones. Esta nueva contratación supondrá para las arcas públicas un desembolso medio anual de unos 50.000 euros.
"Situación grave"
Para el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros Administración Local (Cosital) de A Coruña, José Antonio Rueda, la existencia de vacantes "es una situación grave tanto para la profesión como, lo que es peor, para la corporación local afectada" ya que -advierte- "favorece un debilitamiento de los controles y un empeoramiento de su calidad técnica".
Las funciones que secretarios e interventores municipales ejercen en un ayuntamiento requieren una formación adecuada, según apuntan desde el colectivo. "Todo el mundo entiende que un enfermero no puede sustituir el papel de un médico; esto no deja de ser algo similar", ejemplifica el decano de Cosital-A Coruña.
El problema se arrastra desde hace años, ya que en España existen muchísimas vacantes y las convocatorias, según cuestionan los funcionarios habilitados, no tienen lugar todos los años y no suelen superar las 100 plazas por subescala. "Esta cifra -añade Rueda- apenas llega a cubrir las jubilaciones que se producen cada año". Aunque los problemas en la gestión económico-financiera por esta falta de personal habilitado amenaza la gestión diaria de casi el 30% de los ayuntamientos gallegos, los profesionales destacan que este problema es "más grave " en otras parte de España. "Galicia tiene 314 concellos, mientras que solo la provincia de Salamanca, por ejemplo, tiene 362; y Castilla y León, más de 2.200", detalla el decano de Cosital en A Coruña.
En Galicia, la situación más crítica la soportan un total de 28 concellos -10 de la provincia de A Coruña, dos de Lugo, ocho de Ourense y otros ocho de Pontevedra- que carecen de secretarios, interventores, tesoreros, ayudantes u oficiales mayores, según el listado vacantes de la Dirección Xeral de Administración Local. Entre ellos figuran seis ciudades: A Coruña y Ourense, sin oficial mayor; Santiago con la intervención, tesorería y secretaría de apoyo vacantes; Lugo, sin secretario; Pontevedra, con la viceintervención vacante, y Vigo, sin interventor adjunto.
La lista supera el medio centenar al añadir otros 28 ayuntamientos -15 de la provincia de A Coruña, tres de Lugo, uno de Ourense y los 9 restantes de Pontevedra- cuyos puestos de altos funcionarios están ocupados "por accidentales". Es decir, el control de la caja del concello se delega en personal administrativo, algo que, según fuentes expertas en auditorías institucionales, provoca una falta de control en las cuentas públicas.
En otros 42 ayuntamientos gallegos -11 de A Coruña, 9 de Lugo, 12 de Ourense y 10 de Pontevedra-, los habilitados nacionales están en el cargo con "acumulación de funciones", llevando las cuentas de varias administraciones locales.
Desde Cosital reclaman una oferta de empleo público que inlcuya más plazas, lo que corresponde en exclusiva al Estado. La situación, según apuntan, también podría aliviarse si lo ayuntamientos de mayor tamaño se "agrupasen" para compartir un habilitado nacional. Si este atiende a varios municipios se abaratará el coste e incluso de dará un plus de autoridad y confianza frente al contribuyente al dejar el cargo en un funcionario con cualificación e independencia de las directrices del ayuntamiento de turno.
