El estallido de la primera recesión dejó a la Xunta con 1.000 millones de euros menos en sus ingresos tributarios. En solo dos años, entre 2008 y 2010, las cuentas públicas perdieron una cuarta parte de la que es su principal fuente de financiación junto con las transferencias que recibe del Estado y la Unión Europea. Fue el momento en el que, como ocurrió también con el Gobierno central, llegaron las primeras subidas de calado en los gravámenes y la lucha contra el fraude fiscal se colocó entre las prioridades de la gestión económica. Eso permitió al Ejecutivo autonómico estabilizar los recursos que aportan los impuestos y que empezaran a crecer con fuerza al amparo de la recuperación de la actividad hasta alcanzar el pasado 2015 un récord histórico. Cerca de 5.400 millones de recaudación efectiva. Pero hay más. Otros casi 600 millones, uno de cada diez euros del total, que la Xunta tiene reconocidos como suyos, aunque el ejercicio se cerró sin haberlos cobrado.
La normativa financiera exige a la Xunta reconocer esos futuros ingresos como tal, aunque en el momento de clausurar las cuentas no sean exigibles. ¿Por qué no lo son? Por varias razones. La Consellería de Facenda destaca tres, las más frecuentes. Porque la propia administración tributaria concedió al contribuyente un aplazamiento del pago o su fraccionamiento, porque todavía está en periodo voluntario para el abono o por su suspensión.
Una situación esta última que se da generalmente cuando el ciudadano batalla contra el desembolso tanto por vía administrativa como judicial. Solo ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) se presentaron 15.231 quejas en 2014, prácticamente 50 al día. Los impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, de los más polémicos por la orden de precios medios que la Xunta utilizaba hasta mediados del pasado año para estimar el valor de las propiedades, rondan las 2.500 reclamaciones cada uno y el 83% y el 79%, respectivamente, acaban dando la razón al contribuyente. Y son precisamente estos dos tributos los que acumulan una mayor diferencia entre los ingresos obtenidos y el saldo todavía pendiente.
En el primer caso, en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, la previsión de la Xunta en el momento de la aprobación de los presupuestos marcaba 177,5 millones de euros. La partida de compromisos de ingresos se disparó, sin embargo, por encima de los 427,5 millones, de los que realmente se embolsaron 181 millones y hay 246,6 millones -el 58% del impuesto- a la espera. Facenda recuerda cuál era el pronóstico de arranque, los 177 millones fijados, y que por lo tanto se cumplió. La ejecución del impuesto se situó en el 101,9%, "lo que confirma que el comportamiento fue el previsto". En comparación el año anterior, la contribución de Sucesiones y Donaciones a las arcas autonómicas cayó aproximadamente un 30%, según consta en los informes de ejecución presupuestaria publicados por el Gobierno gallego.
¿Y el resto? Sucesiones es una de las figuras tributarias con más litigios primero en el TEAR y luego en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Habitualmente porque los declarantes rechazan el resultado de la revisión realizada por la Xunta. En 2014, según el último informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda a la Axencia Tributaria de Galicia, las 7.007 liquidaciones complementarias sumaron 108,7 millones de euros. Otro de los factores constantes en las denuncias es la tasación de los bienes que integran la herencia. Inmuebles y capital en empresas. Facenda se vio obligada a modificar el sistema que tenía para las tasaciones de pisos por la numerosa jurisprudencia en contra. Y el Tribunal Constitucional anuló a principios de este año también la fórmula empleada para las participaciones en empresas como pedía el Gobierno central tras presentar un conflicto de competencias.
La crisis ha influido de lleno en la petición de fraccionamientos o retraso en los pagos tributarios, que es la tercera razón que da Facenda para explicar el elevado saldo de ingresos pendientes. Entre 2009 y 2015, las autorizaciones para relajar los pagos suman 166 millones de euros. Este mismo año la consellería decidió dar todavía más margen a los gallegos ahogados con la ampliación del límite de deuda que hasta ahora era posible ir aplazando sin necesidad de entregar un aval de 18.000 a 30.000 euros.
Todas esas mismas razones explican lo ocurrido en Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados. La recaudación ascendió a 264,1 millones de euros. Aquí sí hay un notable incremento respecto a las previsiones con las que se confeccionaron las cuentas autonómicas. Un 18,3%, concretamente -la estimación eran 223,2 millones- "motivado por el mejor incremento del sector inmobilario de segunda mano". El gravamen se repercute, entre otras transacciones, a la compra de vivienda usada. La cantidad reconocida pero sin entrar en caja por este concepto son 85 millones de euros. El 24%.
Del tramo regional del Impuesto sobre la Renta quedan pendientes de reconocer 14 millones. Una cuantía anecdótica en comparación con los 1.820 millones ingresados tras un incremento respecto a 2014 del 8%. Por IVA, que aportó casi lo mismo que el ejercicio anterior, son 184 millones, el 9% de la recaudación completa.
