Más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria registran desde ayer 87 sociedades propietarias de discotecas y pubs de gran tamaño en una 'macrooperación' contra el fraude fiscal y las ventas en negro que se extiende por once comunidades autónomas, según confirmaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

Galicia es la segunda región más afectada por esta "macrooperación" con registros en 16 establecimientos, empatada con Cataluña, y por detrás de Valencia con 20.

Los registros, que se iniciaron a primera hora de ayer, al cierre de los locales de ocio nocturno, continuarán a lo largo del día de hoy y está previsto que concluyan avanzada la jornada, en una operación de carácter administrativo que no implica detenciones y con la que se inicia el proceso de inspección propiamente dicho, del que podrán derivarse o no detenciones posteriores.

Fruto de estos registros, los funcionarios de la Agencia Tributaria, que comenzaron las primeras tareas de investigación a principios de año, han encontrado software de doble uso, que permite ocultar parte de los ingresos percibidos y llevar una contabilidad 'paralela', así como grandes cantidades de dinero negro.

La nueva 'macrooperación' de la Agencia Tributaria se suma a otras investigaciones similares llevadas a cabo por el organismo, como la realizada en junio del pasado año, en la que más de 250 funcionarios se personaron en 60 locales pertenecientes a 45 empresas de desguace y achatarramiento de vehículos de siete comunidades autónomas por realizar también ventas en negro ocultas al fisco. El fraude estimado en el IVA y en el Impuesto de Sociedades ascendía en este caso a 70 millones de euros anuales.

Más recientemente, en febrero de este año, el organismo tributario llevó también a cabo una operación importante contra el fraude fiscal y el dinero negro en 73 sociedades del sector cárnico en todas las comunidades autónomas y abrió inspección sobre 25 personas físicas vinculadas con estas empresas.

Igualmente, en junio de 2014 la Agencia Tributaria completó otra actuación de gran envergadura en relación con establecimientos de nueve comunidades del sector del calzado y el textil que utilizaban programas informáticos para ocultar una porción relevante de sus ventas, que llegaba hasta el 30% de la facturación real. En concreto, se llevó a cabo el registro de los sistemas informáticos de 29 establecimientos pertenecientes a 11 sociedades.