La crisis ha forzado a los ayuntamientos a reducir al mínimo cada gasto para evitar cerrar sus cuentas en números rojos. Pese a que durante los últimos años trataron de cuadrar los números para tener sus arcas saneadas, casi medio centenar no lograron cumplir la senda de estabilidad en 2015. Hasta un total de 46 concellos gallegos, lo que supone el 14% del conjunto de la comunidad, han incumplido los objetivos de estabilidad el año pasado por excederse en el gasto. Lejos de reducirse el número de administraciones locales bajo la lupa de Hacienda, ya son el doble que los vigilados durante los ejercicios anteriores, con un total de 25 ayuntamientos gallegos que en 2013 tuvieron que plan de ajuste y otros 23, en 2014, según el último balance publicado por el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro.

Este desfase del déficit obligará a las administraciones locales a presentar un plan de ajuste económico-financiero y quedarán bajo la tutela financiera de la Xunta. Ninguna de las siete ciudades están en la lista de concellos que incumplieron el año pasado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que fija los límites de gasto de las administraciones locales. Aunque en el caso de Santiago, figura en la tabla de 32 municipios gallegos que el año pasado no remitieron información sobre sus cuentas al Gobierno central.

De los 46 concellos incumplidores el ejercicio pasado, la provincia de A Coruña concentra el mayor número (un total de 19), seguida de Lugo (12), Pontevedra (8) y, finalmente, Ourense (7).

Entre todos los municipios gallegos que gastaron más de lo ingresado en 2015 suman casi 16 millones de déficit que ahora tienen que paliar con una nueva estrategia de austeridad para garantizar el equilibrio, que será supervisada por la Consellería de Facenda y que luego elevará al Ministerio de Hacienda. Más del 70% de este desfase procede de los ayuntamientos coruñeses (casi 12 millones de euros). El desequilibrio presupuestario en los concellos de la provincia de Pontevedra supera los dos millones de euros; mientras que los de Lugo, se queda por encima de 1,5 millones y los de Ourense alcanzan los 260.000 euros. A la cabeza de las administraciones locales incumplidoras en 2015 continúa el municipio coruñés de Arteixo, de casi 31.000 habitantes, con un importe del saldo no financiero que roza los siete millones de euros. Por debajo de estas cantidades pero con una población mucho menor, le sigue en la lista el concello de As Somozas, de poco más de 1.200 vecinos y con un desfase del déficit de más de 1,2 millones de euros. Una cifra similar de desequilibrio presupuestario tienen los ayuntamientos de Cerceda, con poco más de 5.000 habitantes, (-1,13 millones) y Tomiño, de casi 14.000 vecinos, (-1,18 millones).

Entre los ayuntamientos gallegos de tamaño medio bajo la lupa de Hacienda por no haber cumplido la senda de estabilidad el ejercicio pasado destacan Cedeira, Pontedeume, Lalín o Cambados.

En 2014 , los municipios gallegos afectados por saltarse los criterios de estabilidad presupuestaria fijados por el Gobierno central fueron un total de 23. Siete de ellos son reincidentes y repiten en la lista de incumplidores del año pasado: Arteixo, Boiro, Boimorto, Dumbría, Pontedeume, Palas de Rei y Tomiño. Pontevedra y Lugo fueron las provincias gallegas que tuvieron un peor comportamiento respecto a 2014, ya que pasaron a cuadruplicar el número de municipios incumplidores -el año pasado tenía tan solo tres y dos en el punto de mira de Hacienda, respectivamente-. Ourense multiplicó por tres la cifra de concellos bajo la tutela financiera de Facenda por no cumplir la senda de estabilidad. A Coruña, con un total de 19 concellos con desequilibrio presupuestario, suma cuatro más que los 15 de hace un año. En el listado publicado por Hacienda sobre el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria figuran otros 32 ayuntamientos gallegos que no han remitido la información requerida sobre sus cuentas de 2015: un total de 15 de la provincia de A Coruña, nueve de Lugo, tres de Ourense y los cinco restantes de Pontevedra.

Ya en marzo, Hacienda remitió una carta a los ayuntamientos que no les habían remitido información sobre los presupuestos locales del año pasado. De los más de 4.600 consistorios españoles a los que Montoro envió una misiva requiriéndoles esta documentación en un plazo máximo de 15 días, un total de 148 son de la comunidad gallega -47 de la provincia de A Coruña, 25 de Lugo, otros 47 de Ourense y 29 de Pontevedra-.

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