Al margen de los controles que se practican sobre las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes, la Axencia Tributaria Galega pone en marcha también cada año un plan de lucha contra el fraude fiscal, que en 2015 permitió aflorar un total de 38,3 millones no declarados.

Mientras la revisión de las liquidaciones que presentan los contribuyentes no suele acarrear multa puesto que no se presupone una intención defraudadora o bien es imposible demostrar si se ha tratado de error o algo intencionado, en el caso del fraude fiscal sí se imponen sanciones. El pasado año, Facenda abrió 625 procedimientos sancionadores por un importe de 9 millones. Y éstas son las que impone la Atriga y a las que hay que sumar las multas aplicadas por Hacienda en relación al fraude detectado en los impuestos que son de su competencia. En 2015 el departamento de Montoro impuso multas en Galicia que ascendieron a 14 millones, un 21% más que el año anterior. Además de investigar el fraude fiscal, la Atriga revisa los beneficios fiscales que se aplican sobre las empresas, en especial los que suponen reducciones en el impuesto de sucesiones. Y en el último año se practicaron 659 controles, de los que en la mitad de detectó que la empresa no tenía derecho a la rebaja fiscal, lo que permitió incrementar las bases liquidables declaradas por los contribuyentes en 24,1 millones.