La Xunta pondrá medidas urgentes con el objetivo de recuperar los terrenos afectados por los incendios en el municipio coruñés de Porto do Son, con unas mil hectáreas de monte reducidas a cenizas. El plan que pondrá en marcha el Ejecutivo autonómico incluye la corta de la madera quemada y la atención al ganado extensivo y a las colmenas. Así lo expuso ayer la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, durante una reunión con el alcalde, José Luis Orujo, y con vecinos y representantes de entidades afectados por la ola de incendios de la semana pasada.
Una de las "medidas urgentes" acordadas fue el restablecimiento de cierres para el ganado que está de forma extensiva en los montes de la zona, además de proveerlos de alimentos.
Al mismo tiempo, se velará por la subsistencia de las colmenas y se arreglarán las más afectadas. Posteriormente, se estudiará la posibilidad de agilizar la corta de madera quemada con el objetivo de iniciar la repoblación de los montes y recuperar la cobertura vegetal lo antes posible. Durante la visita a las zonas afectadas por los incendios en Porto do Son, la conselleira destacó que, tal y como avanzó el presidente de la Xunta, se destinará una nueva línea de ayudas para restituir los daños, tanto los sufridos por las personas como por los montes afectados. Estas aportaciones vendrán de los fondos de Vicepresidencia, Facenda, Medio Ambiente y Medio Rural.
Balance
A última hora de la tarde de ayer, la Xunta informaba de la extinción de los incendios forestales que afectaban a Pobra de Trives, en Ourense, y a Cervantes, en Lugo. El primero quedó apagado un cuarto de hora después de las siete y afectó, según las estimaciones provisionales, a un total de 194 hectáreas, veinte arboladas y el resto terreno raso.
En el caso del segundo, el del núcleo de San Tomé, se sofocó por completo a las 18.12 y arrasó 46 hectáreas, 36 de arbolado y las otras rasas.
Pillar a un incendiario infraganti no es fruto del azar. En la campaña de 2016, la Policía Autonómica detuvo en Ourense a un hombre como presunto autor de 17 incendios en la zona este año y de los cometidos en la ciudad y su entorno también en 2015. Arrestos como este no son casuales, sino que responden a un plan de seguimiento puesto en marcha por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de erradicar la cultura del fuego que año tras año reduce a cenizas miles de hectáreas. En la actualidad, la unidad adscrita a la Xunta del Cuerpo Nacional de Policía, la denominada Policía Autonómica, vigila los pasos de más de cien incendiarios reincidentes o sospechosos de haber provocado algún fuego en los montes gallegos.
Este plan especial de seguimiento a incendiarios se puso en marcha en 2009 tras la firma de un convenio entre el entonces fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, y el delegado del Gobierno, Antón Louro. Se trataba de una iniciativa pionera que convertía a Galicia en la única comunidad que llevaba a cabo este refuerzo en la vigilancia. Entonces se comenzó con un pequeño grupo sometido a control, aunque destacaba por su potencial peligrosidad. Desde entonces, la lista suma campaña tras campaña más nombres de incendiarios reincidentes o sospechosos de un delito contra el medio ambiente.
El personal implicado en la prevención de incendios en la comunidad dispone de acceso a una base de datos común con toda la información recopilada durante los últimos años, en especial tras la oleada de fuegos de 2006 que arrasó en casi 7.000 incendios más de 95.000 hectáreas por toda Galicia. Es como si de un plumazo se borrasen del mapa 25 ciudades de la extensión de A Coruña o nueve del tamaño de Vigo.
Seguimiento e información
El estudio que encargó la Fiscalía gallega a raíz de la ola de fuegos de hace diez años para conocer el perfil del incendiario en la comunidad sirvió de punto de partida para la elaboración de una base de datos a la que se suma cada nuevo detenido. A día de hoy, esta herramienta es utilizada para llevar a cabo un seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una medida de prevención con la que se intenta reforzar el control del riesgo sobre los montes gallegos.
En el caso de la Policía Autonómica, que en lo que va de año detuvo a más de 40 supuestos incendiarios en la comunidad gallega, los agentes vigilan a más de un centenar de reincidentes o sospechosos de los que tienen indicios que pueden estar detrás de alguno de los focos de los últimos días.
No se trata de un seguimiento puerta a puerta que prive de derechos al sospechoso, sino que el seguimiento se adapta a cada caso y puede ir desde recabar información sobre sus actividades cotidianas a través de terceras personas hasta una visita al domicilio o el control por algún recorrido próximo a su vivienda en época de alto riesgo de incendios.
"Todo sospechoso está sometido a un plan de seguimiento. Tanto los que conocemos que tienen antecedentes por estos temas como aquellos que aunque no los conozcas se le somete a vigilancia porque se les ha visto en varios incendios", detalla el comisario jefe de la Policía Autonómica, Silveiro Blanco, quien evita dar detalles sobre las medidas concretas de control. "No conviene darles pistas de cómo se lleva a cabo", concluye.
Fruto de las investigaciones de los últimos días, la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira a un vecino de Pontecesures, de 61 años, por su presunta implicación en un incendio forestal en el citado municipio pontevedrés causado supuestamente con un mechero.
Las investigaciones llevadas a cabo conjuntamente por efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Vilagarcía en colaboración con el grupo de investigación de incendios forestales de la jefatura provincial de la Unidad de la Policía Autonómica permitieron la identificación y localización del sospechoso.
En concreto, el fuego se registró el pasado fin de semana en el lugar de Grobas, en el que se calcinaron unas tres hectáreas de monte arbolado. Las pesquisas policiales determinaron que el incendio se inició por "aplicación directa de la llama mediante el uso de un mechero", según detalla el Instituto Armado, justo en el margen derecho de la calzada que da acceso al lugar. Se concluyó que la persona identificada como presunta autora "lo pudo haber hecho con la única finalidad de eliminar la maleza que dificultaba el acceso a sus fincas".
