El Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Malpica, Eduardo José Parga (PP), así como para el que fuera regidor con el PSOE y antecesor suyo en el cargo, José Ramón Varela, junto a otras cuatro personas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio ligado con la recalificación urbanística de un terreno.

Junto con Parga y Varela deberán también sentarse en el banquillo el concejal independiente Antonio Manuel Pereira Rodríguez (que dejó el PSOE en enero del año pasado), así como la exsecretaria municipal C.S.B. y el técnico J.L.A.S.

En concreto, se pide la imposición a cada uno de los acusados de la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para cargo público durante ocho años. En la resolución se declara órgano competente para la celebración del juicio al Juzgado de lo Penal de A Coruña y se requiere a los acusados para que, de forma conjunta y solidaria, presten una fianza de 650.000 euros. De tal cantidad responderá subsidiariamente el Ayuntamiento de Malpica.

Según se publicó en su día, los acusados formaban parte de la comisión de gobierno que en el año 2006 (cuando dirigía el gobierno local José Ramón Varela) aprobó una licencia para construir un bloque de 34 pisos en una zona de la Atalaia que no reunía las características para ser calificada de solar.

Previamente, en 2003, también bajo mandato del socialista, se produjo una recalificación del terreno rústico para convertirlo en urbanizable. Sin embargo, según la Fiscalía, este cambio en el planeamiento urbanístico no fue completado según las normas vigentes, por lo que el suelo afectado tendría la consideración de no urbanizable de protección de Costas.

El PP de Malpica alegó ayer que la licencia investigada está avalada por todos los informes jurídicos y técnicos necesarios. Fuentes del Partido Popular aclararon que el regidor tenía "todos los informes jurídicos y técnicos que avalan la concesión de la licencia", por lo que considera que actuó de manera correcta, informa Efe. Con todos los informes positivos, explican, no haber concedido esa licencia podría haber supuesto un delito de prevaricación, pues se consideró que todo estaba en regla.