La prórroga de los presupuestos del Estado enviada por España a Bruselas el pasado sábado ata de pies y manos al Gobierno, que el próximo año tendrá que reconducir las partidas de gasto aprobadas para este ejercicio y no podrá emprender nuevas iniciativas. Sin unas cuentas generales para 2017, el nuevo Ejecutivo deberá aparcar los retoques económicos previstos, incluidos los fiscales. Esta situación tendrá consecuencias también en los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos es el IBI y su alza ha permitido durante los años de crisis a la mayoría de las administraciones locales inyectar más fondos a su cada vez más mermadas arcas municipales. La falta de presupuestos para el próximo ejercicio tendrá una lectura positiva para el bolsillo de los ciudadanos, ya que en el caso de Galicia los contribuyentes de un total de 70 municipios gallegos -13 de la provincia de A Coruña, 14 de Lugo, 35 de Ourense y 8 de Pontevedra- podrían salvarse de la revisión de los coeficientes de la llamada contribución, ya que la actualización de los valores catastrales, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado del pasado 1 de octubre en la publicación del listado de ayuntamientos a los que Hacienda autorizó esa revisión para 2017, está sujeta a lo que "determine" la Ley de Presupuestos Generales del próximo año.

Con el actual Gobierno en funciones, la prórroga de las cuentas es un hecho, ya que el pasado 1 de octubre finalizó el plazo para que el Ejecutivo presentase el correspondiente proyecto de ley en el Parlamento. Y este mismo mes, Hacienda envió a las comunidades las entregas a cuenta que percibirán por el sistema de financiación durante el próximo año, cantidades que son prácticamente las mismas que las percibidas este año. Además, el Ejecutivo de Rajoy envió el pasado sábado a Bruselas el plan presupuestario para 2017, que supone básicamente la prórroga de los presupuestos de este año ante la falta de capacidad del Gobierno para elaborar unas nuevas cuentas al estar en funciones. Aunque Rajoy sea investido presidente en las próximas semanas, no habrá margen de tiempo como para que el proyecto de ley de presupuestos del próximo año esté aprobado antes del 1 de enero, por lo que habrá que prorrogar temporalmente las cuentas de 2016 hasta que esté listo el texto de 2017.

En la lista de ayuntamientos a los que Hacienda ha dado el visto bueno para la revisión de coeficientes catastrales figuran un total de 2.452, un total de 70 de la comunidad gallega. Para obtener el OK del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro se exigía que no se hubiera afrontado revisión catastral alguna en los últimos cinco años. Es decir, la última tendría que haberse llevado a cabo en 2012. Además, Hacienda exige la existencia de discrepancias notables entre los actuales valores de mercado y los que existían cuando por última vez se calcularon los coeficientes. Desde Hacienda, apuntan que las revisiones de los valores catastrales no necesariamente tienen que suponer un mayor desembolso para los contribuyentes ya que habrá municipios en los que la revisión que se aplique sea a la baja. En el caso de los municipios en los que el IBI permaneció intacto desde antes del estallido de la crisis, la actualización beneficia al bolsillo de los contribuyentes ya que gran parte de los inmuebles han perdido valor real desde el año 2008. Sin embargo, los ayuntamientos que revisaron los valores catastrales en plena caída de los precios de la vivienda podrían recuperar con las futuras actualizaciones parte de los ingresos perdidos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

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En el conjunto del país, la revisión catastral llevada a cabo este año por los ayuntamientos fue a la baja (según la media nacional), si bien fueron más las administraciones locales que aplicaron una actualización al alza que a la baja. Precisamente este año, uno de cada tres ayuntamientos gallegos rebajó el IBI casi un 5%, el doble que el conjunto del Estado, un balance que coloca los tipos del impuesto en niveles previos al incremento del Gobierno para combatir el déficit.

En el caso de la comunidad gallega, los concellos que figuran en la tabla de Hacienda, tan solo hay tres que revisaron sus valores catastrales después de que estallase la crisis económica. En 2008 actualizó sus coeficientes del IBI Boiro; en 2009, Narón y en 2010, Ponteareas. En 2005, lo hicieron Cariño y Santa Comba. De 2002, aparecen en la tabla del BOE Boqueixón, Fisterra, Val do Dubra y Celanova. El resto son de los años noventa o mediado y finales de los ochenta. De la década de los 80, Hacienda dio el visto bueno a la actualización catastral de Ribadeo, Trabada, Foz, Xove, Nogueira de Ramuín, A Guarda, Dozón, O Porriño, Rodeiro y Salceda de Caselas.

En total, los municipios gallegos que pueden ver afectada su revisión catastral por la prórroga de los presupuestos superan los 310.000 contribuyentes. Los trece concellos afectados de la provincia de A Coruña suman más de 105.000 vecinos. En el caso de los 14 municipios lucense, la población afectada ronda los 57.000. Finalmente, los 35 ayuntamientos de Ourense que tramitaron la actualización de sus valores catastrales suman casi 78.000 habitantes y los ocho restantes de Pontevedra, más de 77.000.