Hasta ahora solo los edificios de los municipios de más de 25.000 habitantes estaban obligados a someterse a una inspección técnica (ITE), que se enfocaba básicamente a evaluar el grado de conservación del inmueble para asegurar su seguridad. Estos controles deben hacerse cada diez años y su coste oscila de media entre los 250 y 300 euros.
La novedad que pretende introducir el Gobierno, y que ahora está pendiente de cómo se resuelve tras la sentencia del Constitucional, es ampliar estas revisiones técnicas para que no se realicen solo en las urbes sino en la totalidad de los concellos gallegos. Pero además el examen que deberán pasar los edificios de más de 50 años es más amplio que el exigía la ITE.
No solo se estudiará la conservación estructural del inmueble. También se analizarán otras variables como la accesibilidad y la eficiencia energética.
De hecho, hasta se tendrán que someter a esta inspección las casas familiares que dispongan de dos plantas y en cada una viva una familia. El coste, por lo tanto, para las comunidades de propietarios será mayor. Según fuentes del sector, rondará los 1.000 euros, tres veces más que la inspección técnica de edificios.
