Poner fin a los interminables procesos de instrucción es uno de los retos pendientes de la Justicia. Las demoras en la investigación de causas complejas, que en los juzgados gallegos suelen prolongarse durante más de cuatro años, hacen que la llegada de la sentencia pierda su función ejemplarizante ante la sociedad. Máxime en delitos de corrupción, para cuya investigación la Fiscalía Superior de Galicia reclama desde hace años equipos especializados ya que la dilación ilimitada en el cierre de sumarios perjudica la eficacia del proceso y alimenta errores hasta el punto de poder causar su anulación.
El balance de las causas de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias llevadas a los juzgados gallegos durante los últimos cinco año hablan por sí solos. Hasta un total de 943 delitos por corrupción fueron tramitados en la comunidad gallega entre 2011 y 2015, un periodo en el que fueron calificados 115. O lo que es lo mismo, tan solo un 12% de los procesos de corrupción destapados en el último lustro en Galicia fueron llevados a juicio. Una cifra que en realidad es todavía más baja ya que hay que tener en cuenta que algunos de los asuntos de corrupción juzgados en ese periodo proceden de instrucciones anteriores al año 2011.
La cifra de sentencias dictadas por este tipo de ilícitos penales en Galicia apenas representa el 6% del total de asuntos investigados en los tribunales de la comunidad. Tan solo 53 fallos en el último lustro, de los que la mayoría se dictaron el año pasado -un total de 22, lo que supone el 41% del total-, según la memoria de la Fiscalía gallega correspondiente a 2015. La mayoría de las sentencias dictadas el año pasado en Galicia fueron por blanqueo de capitales: un total de 13. Y por provincias, es Pontevedra la que concentra el mayor número (un total de 10 delitos de corrupción sentenciados), seguida de A Coruña (6). Cierran Lugo y Ourense, con tres fallos en cada provincia.
De los últimos cinco años, 2014 está marcado en rojo en los balances del Ministerio fiscal. Ese fue el ejercicio con más asuntos de corrupción incoados en la comunidad gallega: un total de 288. Por el contrario, en 2015 se logró contener la tendencia al alza experimentada en los últimos años en este tipo de ilícitos penales, lo que permitió cerrar el balance anual con el primer descenso del último lustro en causas de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales. Hasta un total de 195 delitos relacionados con la corrupción fueron tramitados el año pasado en la comunidad, un 32,3% menos que el ejercicio anterior.
E l delito de corrupción más habitual en Galicia es el de prevaricación administrativa, con un total de 112 causas abiertas el año pasado en los tribunales de la comunidad (casi el 60% del total), un balance que supone casi un 23% menos que el ejercicio anterior. De lejos, le sigue la malversación y el tráfico de influencias, con un total de 28 y 23 procesos, respectivamente. Es precisamente en tráfico de influencias donde se produjo el mayor descenso en el último año, casi un 70% menos que los 74 delitos contabilizados en 2014. Los casos de malversación no variaron y se mantienen en las mismas cifras que el ejercicio anterior.
Dilación en la instrucción
Al menos cuatro años. Ese es el tiempo medio que suele transcurrir en Galicia desde que transciende una imputación hasta que finaliza la instrucción. Pero a ese periodo hay a que sumar el que se tarda en fijar el juicio, celebrarlo y dictar sentencia.
Con estos plazos, la mayoría de los cargos públicos investigados por delitos relacionados con la corrupción ya están fuera de la vida social cuando se sientan en el banquillo. Esta dilación en la investigación de las causas complejas abre la puerta a la impunidad de decenas de cargos públicos, funcionarios y empresarios investigados en la comunidad. No por la prescripción del delito, salvo casos excepcionales, sino por el hecho de que cuanto más se alargue un proceso, más posibilidades hay que de se cometa algún error que invalide la causa en su totalidad o en parte.
Separar las causas en piezas que permitan agilizar la instrucción y evitar que una sola persona instruya un macroproceso con múltiples perjudicados y complicadas diligencias. Es el antídoto que propone Fiscalía Superior de Galicia para evitar el carpetazo de causas complejas, como ocurrió con la trama de retirada de multas de tráfico en Lugo y las supuestas adjudicaciones irregulares en el Concello lucense de Outeiro de Rei.
Desde la Fiscalía Superior de Galicia defienden la creación de equipos especializados para agilizar las causas complejas así como la figura del fiscal instructor, como ya ocurre en los países del entorno europeo.
