La campaña iniciada en 2013 por la Agencia Tributaria para hacer aflorar las pensiones de emigrantes superiores a 11.200 euros para que tributen continúa. Un año después de que casi 30.000 gallegos retornados con una prestación del extranjero regularizasen su situación abonando de golpe lo no declarado desde el año 2010 para evitar multas y recargos, Hacienda ha enviado una nueva remesa de notificaciones a aquellos contribuyentes que no se acogieron al proceso extraordinario puesto en marcha por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Cerrado el rastreo de las pensiones procedentes del exterior y el plazo para que los afectados se pusieran al día con sus obligaciones fiscales -concluyó el 30 de junio del año pasado-, Hacienda pone bajo la lupa a los retornados que siguen sin declarar las prestaciones del extranjero y que, a diferencia de quienes sí lo hicieron en el plazo fijado y quedaron exentos de multas y recargos, tendrán que hacer frente al pago de la correspondiente sanción por no dar cuenta de sus pensiones en el IRPF.

"Las comprobaciones hechas en su día siguen su curso, se trata de actuaciones ordinarias a nivel nacional", explicaron ayer a este periódico fuentes de la Agencia Tributaria.

En una reunión mantenida ayer con el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, colectivos de emigrantes retornados en Galicia le informaron de este nuevo envío de requerimientos para hacer la correspondiente declaración y el aviso de sanciones por los ejercicios no prescritos. "Hay un número muy importante que no se acogió al proceso voluntario de regularización, tal vez tantos como lo hicieron. Bien por desconocimiento de que debían hacerlo, ya que se trata de gente mayor; bien porque se resistieron a hacerlo porque esperaban que cambiase la ley", explica Fátima Monteagudo, portavoz de la plataforma de afectados del Ulla-Umia. Desde el colectivo, según apunta Monteagudo, se aconseja a los afectados que hagan la correspondiente declaración voluntaria y después que presenten una reclamación.

Tras el encuentro celebrado en Santiago, el portavoz parlamentario del PSdeG anunció que su formación llevará a la Cámara gallega los "problemas" en materia fiscal de los emigrantes retornados. Leiceaga explicó que retornados con pensiones están recibiendo "notificaciones con sanciones en relación con las declaraciones del IRPF de los años 2011 y 2012", cuestiones que, según apuntó, el colectivo de emigrantes gallegos con pensiones del extranjero "ya creían solucionadas". Aunque reconoció que "es una cuestión que depende básicamente de la Agencia Tributaria", Leiceaga apuntó que Galicia "también tiene competencias en materia de IRPF" por lo que trasladará esta situación a la Cámara autonómica.

900 euros por ejercicio

En el plazo de seis meses fijado por Hacienda para que el colectivo regularizase su situación, cerca de 30.000 emigrantes gallegos regularizaron sus pensiones por un importe de más de 45 millones de euros. Las cuotas del IRPF por las que se rindieron cuentas al fisco entre el 1 de enero y el 30 de junio del año pasado eran del periodo 2010-2013. En el conjunto del país, los contribuyentes que se acogieron al proceso extraordinario superaron los 145.000 y el importe de las prestaciones alcanzó los 309 millones. El importe medio ingresado por ejercicio ronda los 900 euros.

Las protestas de los afectados llevaron a Hacienda a dar respuesta a una de sus reclamaciones: anular las sanciones interpuestas, los recargos e intereses ya que no había cometido "fraude" alguno, ya que aseguraban que en las propias delegaciones de la Agencia Tributaria les habían informado en su día de que estas prestaciones estaban exentas del IRPF. Las peticiones de condonación registradas en España superaron las 32.000.

"No somos defraudadores", gritaban los afectados en cada manifestación, en la que además reclamaban que le devolvieran las cantidades que pagaron por la tributación de sus pensiones, que en algunos casos en Galicia superaron los 15.000 euros.