Hasta el pasado mes de septiembre había en Galicia 185.600 empleados públicos entre funcionarios, personal con contrato y temporales. Es la misma cifra que a principios de año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre. El número total de empleados públicos de las distintas administraciones (central, autonómica y local) no varía en el último año tras la pérdida de más de 8.000 plazas entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 o las más de 32.000 que desaparecieron en los 18 meses que van desde principios de 2012 a junio de 2014.

Sin embargo, un estudio más en profundidad de los datos de la EPA muestra que sí ha habido cambios en las plantillas públicas de Galicia y los que más han salido perjudicados han sido los trabajadores con contrato. Según la encuesta, el número de trabajadores públicos permanece invariable en lo que va de año: había los mismos a principios de 2016 que en septiembre. Pero el movimiento se ha producido entre los que tienen contrato y los temporales. En los primeros nueve meses desaparecieron 4.900 empleos públicos con contrato indefinido. La misma cifra que aumentó el número de trabajadores temporales. O dicho de otra forma, las administraciones públicas sustituyeron casi 5.000 empleos fijos por contratos temporales.

Hasta septiembre trabajaban en las distintas administraciones que operan en Galicia 185.600 personas. De ellas, 142.300 eran fijas y 43.300, temporales. Nueve meses antes, las primeras eran 147.200. Un 3,3% más, mientras que las segundas alcanzaban las 38.400, un 12,7% menos. Este porcentaje es el tercer mayor de todas las comunidades, solo superado por el 27,9% de Cataluña y el 19,3% de Castilla y León.

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Los sindicatos achacan este trasvase a la Xunta, ya que el 70% de los trabajadores públicos que hay en la comunidad pertenecen a la administración autonómica. "Es una clara falta de previsión de la Xunta para hacer las OPE (Ofertas Públicas de Empleo)", reconoce Ramiro Otero, coordinador del área pública en Galicia de CCOO, quien cree que este cambio de trabajadores con contrato a temporales se debe, en parte, a que las jubilaciones y bajas son cubiertas con trabajadores sin contratos indefinidos. Y avisa de que "este número se puede incrementar sino hay nuevas OPE". Para Otero "la gran parte" de esta cifra se debe a los trabajadores del Sergas.

El responsable del sector autonómico de Sanidad de CSI-F, Daniel Otero, reconoce que para reducir la temporalidad "a tasas aceptables", las próximas oposiciones deberían convocar 3.500 plazas y no las 818 previstas. Cuatro veces más.

Para Roberto Varela, responsable de función pública de la CIG, los casi 5.000 contratos que han pasado de ser fijos a temporales "son una cifra muy elevada para ser cierta", aunque reconoce que "son ínfimas las OPE en cuanto a las ofertas de empleo que ofrecen". "Es cierto, sobre todo en el Sergas, que se están amortizando los puestos y que solo se cubren aquellos que son muy necesarios como los que se dedican al cuidado de mayores", apunta Varela quien confirma que la tasa de temporalidad en el sector público gallego "es altísima".

Domingo Barros, secretario de política sindical, relaciones laborales y formación de UGT de Galicia, coincide con Ramiro Otero en que este cambio de asalariados con contrato por temporales "representa la política de la Xunta". "La tasa de reposición es mínima, ficticia. Los que se jubilan no se reponen y si se necesita cubrir un puesto de trabajo se hace con temporales", afirma.

Tras la sentencia del pasado septiembre del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a dar estabilidad a los trabajadores que encadenan contratos temporales y a indemnizar por despido a determinados colectivos de interinos que hasta ahora no tenían derecho, los sindicatos exhortan a la Xunta a una contratación masiva para empleos actualmente cubiertos con contratos temporales y urgen a la Consellería de Sanidade a tomar medidas para reducir la temporalidad en las contrataciones del Sergas.

El diputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada mostró recientemente su preocupación por la elevada tasa de temporalidad del empleo público en Galicia, "por encima ya del 40%". Sanidade respondió en aquel momento que la Xunta estaba aún en funciones y no podía tomar decisiones de transcendencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en septiembre que España no puede discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales, de forma que ambas categorías de asalariados deberán recibir una compensación económica de 20 días por año trabajado.

La sentencia exige a los tribunales españoles que reconozcan a ambos tipos de empleados por igual, mientras que la norma vigente en España hasta ahora estipula que los trabajadores temporales deben ser indemnizados con entre 8 y 12 días de sueldo por año de servicio, o nada en el caso de que sean interinos. El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización, asegura el fallo.