La Xunta agotará el año que viene los 9.063 millones de euros de techo de gasto y destinará la mayor parte del incremento de su capacidad en las partidas sociales, que recibirán 200 millones extra. De ellos, 100 irán a parar a sanidad, 64 a educación -se contratarán 200 profesores nuevos- y 25 a política social.

Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello que ha dado luz verde a las cuentas autonómica en que también incorporan mejoras fiscales. Quedarán exentos de impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentadas las viviendas habituales que adquieran menores de 34 años y familias numerosas en parroquias de escasa población. Esta vía permitirá, según Feijóo, fijar población en el rural, pero sin limitar los descuentos impositivos a concellos de menos de 20.000 habitantes. Podrán beneficiarse quienes adquieran su vivienda en parroquia de escasa población de cualquier ayuntamiento, siempre que se ajusten a unos lÍmites de patrimonio que el Ejecutivo no concretó hoy.

"Por segundo año, estos presupuestos serán expansivos, diseñados para trasladar a la sociedad los primeros beneficios de la recuperación económica", alegó Feijóo, si bien se trata del tercer ejercicio en que crecen. Además, igual que destacó el conselleiros de Facenda, Valeriano Martíñez, agradeció a los empleados de la Xunta la celeridad con que se tramitaron las cuentas, habitualmente aprobadas días antes del 20 de octubre, pero que en esta ocasión se retrasaron debido a las elecciones autonómicas de septiembre y a la incertidumbre política estatal, que condiciona el conocimiento de las transferencias estatales a Galicia, principal sustento de la capacidad de gasto.

Feijóo adelantó que la Consellería de Economía, que asumirá a partir de ahora competencias en industria forestal, será la que mayor incremento de recursos experimente.

La previsión de tasa de empleo se situará en el 15,4 y el crecimiento económico en el 2,4%, según las cuentas gallegas. Por el momento, la Xunta se compromete a ajustarse a un déficit máximo del 0,5%, pero no descarta poder ampliarlo hasta el 0,6%, opción que se permitirá ahora tras el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer.