El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad una iniciativa -presentada por el BNG y transaccionada con los populares- en la que demanda que el Gobierno central elimine la obligatoriedad de la habilitación nacional para los tesoreros de ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

En la Comisión Institucional se llegó a este acuerdo en el que también se recoge la petición de que los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes mantengan la situación preexistente a la polémica obligatoriedad de los habilitados nacionales mientras no se alcance una fórmula que satisfaga a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Durante el debate, Luís Bará (BNG) denunció la "inseguridad" e "incertidumbre" que generó la obligatoriedad de la habilitación nacional para los tesoreros de municipios, pues "no hay suficientes" funcionarios que tengan esta capacitación para cubrir los más de 250 municipios gallegos que lo requieren. Bará se quejó de que la solución temporal articulada recientemente por el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan realizar pagos -por la cual puede actuar como tesorero un funcionario propio de la corporación local que ejerciese el puesto hasta ahora- es solo "un parche" y "no van al fondo de la cuestión".

También consideró "kafkiana" esta problemática, y la achacó al desconocimiento del Gobierno de la realidad gallega.

Por su parte, José Alberto Pazos Couñago (PP) reconoció que el requisito de habilitación nacional "puede causar un problema en las corporaciones municipales", si bien consideró que es "innecesario" para ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Davide Rodríguez (En Marea) lamentó la situación de "urgencia" en la que se encuentran la mayoría de los ayuntamientos, mientras los habilitados nacionales "no son suficientes para cubrir las vacantes que existen en este país".

Juan Manuel Díaz Villoslada (PSdeG) emplazó a que el Estado dicte una norma este año en la que se solucione "definitivamente" esta cuestión "caótica".