Los propietarios que han pagado el impuesto de plusvalía municipal en su ayuntamiento pese a no haber logrado beneficio alguno con la venta de una vivienda, local comercial o solar recaban informes para lograr la anulación del tributo y, en consecuencia, la devolución del importe abonado. Los dueños de unos 550.000 inmuebles en toda España, de los que más de 18.000 pertenecen a Galicia, podrán reclamar la cantidad abonada cuando la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace dos semanas declaró nulo el impuesto de plusvalía en Guipúzcoa, se traslade al resto del país.

Esta estimación ha sido realizada por la organización de Tasadores inmobiliarios Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

En la comunidad gallega, la provincia más afectada por las ventas a pérdidas de inmuebles en suelo urbano es A Coruña, con unos 8.100 propietarios afectados 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos). Le sigue en el ranking autonómico Pontevedra, con 5.600 viviendas que fueron vendidas sin plusvalía alguna y que sus dueños afrontaron el pago a su Concello. Finalmente, los afectados en Lugo son unos 2.600 y en Ourense, 2.000. En la bolsa de inmuebles que tributan en el impuesto de plusvalía se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias.Sentencia del Constitucional

En un fallo dictado hace tan solo 15 adías, el Constitucional avala que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido, ya que también se paga cuando el inmueble se ha vendido con pérdidas. Según Tinsa, es cuestión de tiempo que se resuelvan en este mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados sobre el impuesto de plusvalía municipal.

La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años. Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado, tal y como advierten desde Tinsa.

Esta situación ha llevado en los dos últimos años a propietarios en distintas comunidades autónomas a recurrir el pago del impuesto de plusvalía. ¿El resultado? Sentencias en cascada que concluyen que si en la transacción de un inmueble no ha habido un incremento en términos económicos y reales no procede el pago del impuesto de plusvalía.

Recaudación récord

Los 115 ayuntamientos gallegos que aplican el impuesto de plusvalía -se trata de un tributo de carácter voluntario por parte de las administraciones locales- recaudaron en el año 2015 más de 41 millones de euros, según las liquidaciones definitivas publicadas por el Ministerio de Hacienda. Estos ingresos suponen un 53% más que los poco más de 27 millones que fueron a parar a las arcas locales de la comunidad antes de que estallase la burbuja inmobilaria en 2008.

Para demostrar que no hay ganancias, la directora de Consultoría Técnica de Tinsa, María García, advierte de que "las escrituras de la última y penúltima compraventa del inmueble, que especifican el precio de transmisión, no serían referencias suficientes". Tampoco lo sería, añade, una estadística de variación media del valor de la zona o código postal donde se ubica el inmueble, ya que es necesario referenciar la evolución al inmueble en concreto.

En su sentencia, el Constitucional ratifica la necesidad de presentar un informe técnico acreditativo y "menciona de forma literal la valoración pericial contradictoria como ejemplo de prueba válida para demostrar la pérdida patrimonial".