El Gobierno lanza sus mecanismos de liquidez para que las comunidades y entidades locales puedan cubrir sus vencimientos de deuda y el nuevo déficit. Faltaban los últimos detalles en las condiciones de estos préstamos. Y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ya los tiene listos. En total, para el primer semestre de este 2017, el importe alcanza los 11.935,80 millones de euros, de los que la mayoría, por encima de los 10.000 millones, van para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que están adheridas las regiones con algún tipo de incumplimiento en regla de gasto, plazo de pago a proveedores o límite de déficit; y 1.650 millones son del Fondo de Facilidad Financiera, en el que participa Galicia, que recibirá, según los datos que acaba de publicar Moncloa, 1.191,91 millones de euros.

Galicia ya afrontó hace unas semanas más de 200 millones de euros en amortizaciones de deuda. Y tiene ahora a principios de este mes otra emisión de cuantía similar que vence.

Las comunidades que van a recibir más en el reparto de estos primeros seis meses del año son Cataluña (3.598,2 millones de euros), Andalucía (2.238,56 millones) y Valencia (1.978,95 millones). Las tres, como casi todas las autonomías, están dentro del FLA. Solo Galicia y Canarias, para la que se aprobó una transferencia de 467,6 millones de euros, se financian a cargo del Fondo de Facilidad Financiera. Lo hicieron además en los dos años anteriores con tipos cero para los primeros ejercicios de vida de los préstamos. Por el momento se desconoce si seguirán exentas de pagarlos.

Al resto, las vinculadas al FLA, el Gobierno les ha puesto nuevas exigencias como "la adhesión al Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y Sanitario, la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria, la conexión de los registros contables con la plataforma de factura electrónica, condiciones específicas en relación al acuerdo de no disponibilidad", en refencia a la imposibilidad de crear nuevas fuentes de gasto, y la firma de un convenio para "la prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica".