Si las obras de mantenimiento o mejora de una carretera en Galicia de titularidad autonómica afectan a las instalaciones de los operadores de servicios, el coste corre a cargo de la Xunta. Fue también una de las causas por las que nació la tasa. "Creemos que es un tributo justo para que se contribuya al mantenimiento del dominio público viario -defiende Francisco Menéndez-. No pretendemos enriquecernos con esto, ni mucho menos. Pero sí consideramos justo que contribuyan con su aporte".
La tasa pasó hace unas semanas por la Comisión de Economía del Parlamento. Antón Sánchez, de En Marea, subrayó el bajo rendimiento del gravamen y planteó una reforma del cálculo. Pero la Xunta lo considera adecuado y tan válido como el que usan los concellos para la suya.
"Tenemos que revisar muchísima documentación y las inspecciones. Queda mucho trabajo por hacer", avanza el director de la Axencia Galega de Infraestruturas (Atriga), ante la previsión de cuándo podrá exprimirse al completo esta tasa del Gobierno gallego.
Su reactivación coincide con el respaldo del Tribunal Supremo al tributo parecido que los ayuntamientos cobran también a este tipo de empresas, a la espera de si mantienen o no la batalla judicial. Porque no todos los ayuntamientos la calculan de la misma forma y eso abre la puerta a la judicialización de cada una.
El Ejecutivo autonómico no teme por la suya. "Llevamos con esta tasa implantada tiempo y no tuvo ningún recurso de ningún tipo", asegura Francisco Menéndez.
