La Xunta mantendrá el pulso y defenderá su decreto para regular el alquiler de pisos turísticos ante las quejas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ha advertido de que llevará la norma ante el Tribunal Superior de Xustiza si no se modifican preceptos clave que, en su opinión, imponen "restricciones innecesarias", algunas calcadas a un reglamento que los tribunales ya tumbaron en Canarias. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, se limitó ayer a declarar que estudiarán los argumentos expuestos por Competencia, pero aprovechó para cargar contra la rapidez del organismo supervisor a la hora de posicionarse sobre un decreto aprobado en enero y que entrará en vigor el próximo 10 de mayo mientras todavía no ha entrado en la queja oficial sobre el alto precio de los combustibles en la comunidad que Galicia ya planteó a mediados de 2014.

"Me gustaría felicitar a Competencia por la diligencia en este informe y solicitar, si es posible, una diligencia parecida en el caso de los carburantes. Le planteamos desde hace tiempo que estudiase el caso en Galicia, donde tenemos una refinería y el precio del gasóleo más alto de España antes de impuestos. [...] Estoy convencido de que lo emitirá en breve", declaró ayer Feijóo, tirando de retranca tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Esa queja no ha sido atendida, pero la CNMC sí sancionó hace dos años a las principales operadoras con 32 millones de euros por sus "acuerdos" para influir en los precios en España. Eso sí, no vio pruebas suficientes para inflar su coste en Galicia, País Vasco o Baleares, como sí halló la Guardia Civil tras una denuncia. La Audiencia Nacional archivó el caso.

Competencia reveló el martes un informe sobre el decreto de pisos turísticos aprobado por el Gobierno gallego, al que ya se habían opuesto los propietarios de viviendas para alquiler vacacional. Entre los preceptos censurados por la CNMC se encuentran el veto a alquilar habitaciones de forma independiente, limitar la estancia a menos de un mes o permitir que los ayuntamientos impongan restricciones a estos arrendamientos por barrios, según el número de pisos destinados a este uso.

El organismo supervisor amenaza con impugnar la regulación ante el Tribunal Superior de Xustiza y existen precedentes a su favor. En Canarias, la Justicia ya anuló restricciones idénticas a las planteadas por la Xunta, como el veto al alquiler por cuartos o la obligación de que los propietarios se inscriban en un registro autonómico.

Tras conocer el informe de la CNMC, la Xunta se opuso a cambiar el contenido del decreto. Feijóo fue más ambiguo ayer y aseguró que la asesoría autonómica lo "está estudiando" y que dispone de un mes para responder. Matizó, también, que en el caso de Madrid hubo fallos judiciales en contra de Competencia, si bien se refería a preceptos diferentes a los gallegos, como, por ejemplo, la imposición de un alquiler mínimo de cinco días. Aun así, abrió la puerta a cambios. "La asesoría tiene el mandato de decirle al Gobierno si hay cuestiones de Competencia que deben ser atendidas. Es lo que le puedo decir. Si deben ser atendidas, las atenderemos", expuso tras el Consello preguntas de la prensa.

Con todo, el titular del Ejecutivo autonómico defendió el objetivo de la regulación: lograr igualdad en el sector. "Nosotros solo pretendemos que la gente que paga impuestos y tiene personal trabajando tenga una competencia leal", alegó el presidente de la Xunta, en alusión al sector hotelero.

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) recibieron con satisfacción tanto el requerimiento de Competencia a la Xunta como la sentencia de Canarias que anula preceptos idénticos a los recogidos en la normativa gallega. "Ahora tenemos más respaldo, pero esto no debería sorprender a nadie", defiende su presidenta, Dulcinea Aguín. El colectivo de propietarios ya presentó hace un mes un recurso contra el decreto ante el Tribunal de Xustiza por, entre otras razones, la prohibición del alquiler por habitaciones y la potestad de los ayuntamientos para establecer restricciones por barrios.