21 de mayo de 2017
21.05.2017

CSIF sospecha del "despido forzoso" de 4.500 interinos de la Xunta

Achaca esta situación a una disposición adicional de los presupuestos del Estado

21.05.2017 | 01:48

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado ante una disposición adicional incluida en el proyecto de los presupuestos generales del Estado (PGE) que podría suponer "el despido forzoso" de "4.500" interinos y empleados temporales de la Administración Xeral de la Xunta.

En un comunicado emitido ayer, el sindicato denuncia que el proyecto de ley de los presupuestos del Estado para este ejercicio "establece por primera vez un límite temporal, de tres años, en la contratación de personal laboral temporal y en el nombramiento de funcionarios interinos en la administración", que supondría "el despido fulminante del trabajador".

A partir de la entrada en vigor de los presupuestos -pendientes de ser aprobados en el Congreso-, según advierten desde CSIF, se incluirá "una cláusula en el contrato de trabajo o en el nombramiento como funcionario interino".

Según apunta el sindicato CSIF, la disposición podría afectar "a más de 4.500" empleados públicos "solo en la Administración Xeral de la Xunta", "a los que habrá que sumar los interinos y temporales de los sectores de Educación, Sanidad, Justicia, etc.".

Blindaje

"Esta norma busca blindar a las distintas administraciones frente a las numerosas demandas de indefinición presentadas", señalan, para luego recordar las sentencias judiciales tanto a nivel español como europeo que "han puesto de relieve el abuso continuado de la contratación temporal por parte de las administraciones públicas españolas, incluida la gallega".

De este modo, califica la nueva norma como "injusta e innecesaria", al tiempo que insta a las administraciones a convocar plazas para corregir "las intolerables tasas de responsabilidad".

En los últimos cinco años, las administraciones no han podido sacar todas las oposiciones que hubiesen querido. Y solo han podido cubrir, por expreso mandato del Gobierno central, el 10% de las jubilaciones y tan solo en servicios esenciales.

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