Pese a la amenaza de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar a los tribunales a la Xunta por las medidas "restrictivas" de su decreto de viviendas turísticas, la norma está en vigor desde el día 10 y, según reconocen el sector inmobiliario y los propietarios, puede provocar cambios en el turismo gallego este verano. A menos de un mes para que comience la temporada alta, las agencias cuentan con tan solo la mitad de viviendas vacacionales que el año pasado, ya que entonces recibían pisos para anunciar tanto reglados como sin regularizar al no existir todavía la ley autonómica.

El presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, atribuye este desplome a dos causas: algunos propietarios no iniciarán hasta fechas próximas al alquiler el proceso para darse de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) y otros, directamente, descartan arrendar sus apartamentos este año porque económicamente no les compensa adaptar las instalaciones para cumplir con todos los requisitos que exige la nueva normativa.

Los propietarios coinciden en que la dificultad para respetar las exigencias de la Xunta provoca que muchos "desistan". Aún así, confirman que el porcentaje de los que han regularizado su situación es elevado. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), su portavoz Dulcinea Aguín, aclaran que hoy en día los dueños de los pisos turísticos pueden gestionarlos por su cuenta sin recurrir a las inmobiliarias a través, por ejemplo, de portales de internet. Admite que habrá "un mercado paralelo" y, por tanto, el temor a sanciones por no ajustarse el decreto de la Xunta es otro de los motivos que lleva a los dueños de viviendas vacacionales quedarse fuera de los anuncios de las inmobiliarias.

Iglesias confía en que a lo largo de junio se inscriban más pisos turísticos en las agencias pero prevé una importante caída de la oferta respecto al verano pasado, aún teniendo en cuenta la actividad al margen del mercado reglado. Por eso, el sector inmobiliario teme un repunte de precios en las localidades turísticas más demandadas como Rianxo, Portonovo, Viveiro y Ribadeo. Estos concellos -recuerda Iglesias- fueron las localidades estrella en la demanda de pisos turísticos el año pasado.

Las inmobiliarias gallegas prevén un desajuste entre la oferta y la demanda en los puntos más turísticos de la costa y ya lo han empezado a notar con las llamadas de turistas que preguntan por los apartamentos que alquilaron hace un año y que en esta ocasión no están disponibles. Por lo tanto, calculan que la demanda será la misma o superior pero los usuarios que optan por este tipo de alojamientos tendrán menos donde escoger. De hecho, el sector turístico apuntaba que además de los 4,5 millones de viajeros que Galicia recibió en 2016 y durmieron en alojamientos reglados, otros 2,7 millones se decantaron por casas de familiares y amigos y, sobre todo, pisos y habitaciones para los que hasta el pasado 10 de mayo existía un vacío legal.

Este desequilibrio entre viviendas disponibles y visitantes y el encarecimiento de las tarifas puede provocar, según alertan desde Fegein, que algunos turistas se replanteen sus vacaciones y busquen un turismo similar y más económico en el norte de Portugal. En este sentido, avisan de que Galicia depende en su mayoría del mercado nacional, y en particular de los viajeros de Madrid, y si parte de ellos se van a veranear al país luso, la comunidad gallega perdería una parte importante de sus potenciales clientes.

Aunque el decreto de la Xunta ya está en vigor y los dueños tienen que acatarlo para no ser sancionados, la CNMC estudia las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego el día 16 en respuesta al aviso del organismo fiscalizador para que cambie o anule varios artículos de la norma como la prohibición de alquilar por habitaciones o durante más de un mes. Competencia deberá confirmar ahora si acepta los argumentos de la Axencia de Turismo o si recurre a los tribunales como ya hizo con normas similares en Madrid y Canarias, en ambos casos con sentencias a su favor.