El Parlamento de Galicia aprobó ayer, con el voto favorable de la mayoría del PP, la abstención del PSdeG y el rechazo de En Marea y BNG, una proposición no de ley de los populares por la que se insta a la Xunta a que dialogue con ayuntamientos y diputaciones para tenerlos en cuenta en el nuevo mapa de transporte por carretera.
El diputado del PP encargado de presentar esta proposición no de ley fue Martín Fernández Prado, que aseguró que el nuevo plan garantiza "la igualdad de oportunidades" para todos los habitantes de Galicia en materia de transporte por carretera "independientemente del territorio" donde habiten.
Fernández Prado expresó que este "no es un tema fácil", ya que hay muchas dificultades a superar como la edad de la población o su dispersión, pero que a diferencia de como criticaba la oposición en el debate de una iniciativa similar en la sesión del martes, las soluciones de la Xunta "no son solo deseos, son hechos también".
Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a esta propuesta con el fin de crear mesas de diálogo y aumentar el plazo de exposición del futuro mapa de transporte, que no fueron aceptadas por los populares.
El diputado de En Marea Antón Sánchez recriminó que la Xunta "está improvisando constantemente" y se preguntó "dónde está el proceso participativo". A renglón seguido, Sánchez arremetió contra el "oligopolio del transporte que se está formando" en un nuevo mapa de líneas del que "determinados grandes empresarios saldrán sonriendo".
El diputado del BNG Luís Bará denunció que esta iniciativa "llega un poco tarde", ya que "no hubo ese diálogo con ayuntamientos y diputaciones", sino una "imposición" por parte de la Xunta. Además, el nacionalista señaló que esta propuesta revela que los populares están "preocupados por la revuelta que está habiendo en el sector" tras los cambios en las rutas ante la amenaza de "la pérdida de 1.000 puestos de trabajo".
Raúl Fernández (PSdeG) incidió en la falta de diálogo por parte de la Xunta para llevar a cabo esta remodelación y demandó que el Gobierno gallego acabe con los "corsés".
