Más de 3.000 pisos turísticos se dan de alta en mes y medio, el 60% de los que estima la Xunta

Aunque las inmobiliarias gallegas alertaban, en declaraciones a este diario, de que habían recibido la mitad de ofertas de alquileres vacacionales que otros años, Castro descarta que sea así e insiste en que las 3.000 inscripciones son "muchas". "Antes en cualquier plataforma no se encontraban tantas como las que hay inscritas. Quizás en lugar de recurrir a una inmobiliaria han optado por portales para llegar a cualquier rincón del mundo", aclara.

No hay un plazo fijado para que los propietarios se anoten en el Registro de Establecimientos de Actividades Turísticas (REAT) y presenten el justificante del pago de los 56,82 euros de la tasa de clasificación turística. Basta con que lo hagan antes de poner el piso en alquiler para los turistas. Los particulares que incumplan el decreto de la Xunta se arriesgan a sanciones entre 900 y 9.000 euros. De todas formas, Turismo descarta aplicar un plan específico para detectar estos casos. Nava Castro asegura que la vigilancia de estos alojamientos por parte de la Axencia de Turismo se incluye en el plan de inspección anual del departamento autonómico con inspecciones de oficio aleatorias o en respuesta a denuncias.

Considera que la Xunta podrá ofrecer una visión más completa del número de turistas que visitan la comunidad, ya que los que dormían en pisos turísticos hasta ahora solo computaban como residentes y aunque las estadísticas oficiales aún no recogen esta categoría a nivel autonómico ya se pueden computar. Por eso, insiste en que el decreto "no restringe" los alquileres turísticos, en alusión a los requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que denuncia que la norma es restrictiva al fijar un periodo máximo de alquiler y al prohibir hacerlo por habitaciones salvo si el dueño reside allí.

La directora xeral de Turismo matiza que la norma solo recoge que los inmuebles que se alquilen por más de 30 días no serán considerados viviendas de uso turístico pero pueden seguir alquilándose por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En cuanto al arrendamiento por cuartos, apunta que no se perjudica la libre competencia porque en la comunidad gallega ya existe una categoría que permite el alquiler por habitaciones, que es la pensión. "No se le está impidiendo a nadie que arrende por habitación pero no serían alojamientos para turistas", insiste Castro.

La CNMC ha amenazado a la Xunta con llevar la norma ante la Justicia, como ya hizo en Canarias o en Madrid, donde los tribunales les han dado la razón. El organismo tiene de plazo hasta el 10 de julio para decidir si acepta las alegaciones del Gobierno gallego o denuncia el documento ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En este sentido, la directora xeral considera que la norma gallega es menos restrictiva que en otras autonomías porque no exige un mínimo de días de estancia, como los cinco que pedía Madrid. Y en Canarias -alega- reclamaron el arrendamiento por cuartos porque esta autonomía no está reconocida la figura de pensión. Admite que ahora queda esperar si Competencia acepta las aclaraciones de Turismo y, si no es así, "acatar lo que dicte el Superior de Xustiza". En ese supuesto menos favorable, descarta que se deroge el decreto, sino que seguiría en vigor aunque la Justicia obligase a cambiar algunos artículos.