La petición unánime de los partidos gallegos para lograr la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) encalla de nuevo ante el Gobierno central. Éste ha tumbado por segunda vez ya no solo la demanda, sino el mero debate de la misma en el Congreso, al alegar que la cesión de la principal vía de la comunidad gallega "supondría un aumento de los créditos presupuestarios", a pesar de que la hipotética opción del rescate de la concesión fue aparcada precisamente para eludir la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Ministerio de Fomento cifra el coste de esa operación en un mínimo de 554 millones de euros, cantidad "que podría ascender hasta un total de 4.570", según el informe que desveló ayer En Marea.
El pasado mes de mayo, PP, En Marea, PSdeG y BNG cerraron un nuevo acuerdo para aprobar una proposición de ley que reclamaba la cesión de la principal vía de comunicación de Galicia a la Xunta, una histórica reclamación siempre frustrada. El documento eliminó la referencia al hipotético rescate de la concesión, aspecto al que recurrió el Ejecutivo central para vetar una propuesta anterior el año pasado. Pese a estar en minoría el PP, recurrió al artículo 134 de la Constitución para bloquear el debate de una medida que podría disparar su gasto.
La eliminación a esa opción no ha servido y Fomento ha cumplido el anuncio de su responsable, Íñigo de la Serna, que tres días después de que la Cámara gallega aprobase la nueva propuesta, ya descartó la aprobación. En Galicia, el PP apoyó la iniciativa pero ya entonces matizó que sería "muy difícil conseguir" esa meta. También descartó similitudes entre la AP-9, vía de "interés general", y carreteras de País Vasco y Cataluña que sí fueron traspasadas a sus gobiernos autonómicos. Esa condición de infraestructura clave fue alegada por Fomento en otras ocasiones para justificar la negativa al traspaso a Galicia, pese a sí haberse realizado en los dos casos anteriores.
Fomento, mediante un escrito enviado al Congreso el jueves, alega que la cesión podría provocar que la hucha estatal siguiese asumiendo acuerdos firmados mientras las competencias eran de la administración central, como las compensaciones por las ampliaciones de la obra o las bonificaciones en los peajes.
La Xunta mantuvo ayer su deseo de que se formalice la cesión por ser "beneficiosa para el funcionamiento del servicio", pero evitó las críticas a Fomento, con cuyo ministro firmó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, un acuerdo para incorporar a su equipo a la comisión de gestión de la vía, cuya concesión concluye en 2048, tras ser prorrogada al máximo legal por el Ejecutivo de Aznar en 2000 a cambio de varias mejoras.
"Esperemos que se nos den las oportunidades y canales adecuados para demostrar lo que se afirma desde la Xunta, que la transferencia sería beneficiosa para el funcionamiento del servicio", declaró el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda.
El consenso gallego acerca de la transferencia derivó ayer en un ataque de la oposición a lo que entienden doble postura del PP, con una posición en Galicia y otra en Madrid sobre la AP-9. En Marea, PSdeG y BNG coincidieron en censurar la falta de respeto a la democracia y en criticar al presidente de la Xunta por su escaso peso político.
