Ya hace cuatro años los alcaldes, de todos los colores políticos, se rebelaron contra la reforma local con la que Hacienda pretendía eliminar los pequeños ayuntamientos y reforzar el papel de las diputaciones. La presión del municipalismo evitó entonces la reducción del mapa local y que las corporaciones provinciales asumieran competencias y servicios de los pequeños concellos. Pero ahora, las aguas se han vuelto a agitar en los despachos de las Alcaldías con la propuesta del comité de expertos que trabaja en el nuevo modelo de financiación local y que abre la puerta a que las diputaciones se hagan con el mando de aquellos ayuntamientos que no presten servicios de calidad y que, además, tengan la capacidad de "gestionar y decidir" los impuestos de esas corporaciones.

Los regidores gallegos rechazan dar más poder a las corporaciones provinciales, como propone el grupo de trabajo de Gobierno central y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tras hacer una llamada a la "prudencia", ya que el documento final sobre el nuevo sistema de financiación local será "voluminoso", el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y también alcalde de O Barco, Alfredo García (PSdeG), reconoce que "en una primera lectura" hay cuestiones que no responden a la realidad que demanda la sociedad. De esa primera lectura del documento de 207 páginas, avanzado ayer por este periódico, García advierte de que la propuesta de dar más poder a las corporaciones provinciales "no parece que vaya en la línea de la opinión de la ciudadanía". De hecho, en los últimos años, surgieron voces, incluso regidores del PP en Galicia, que abogaban por la supresión de las diputaciones.

Tras el estallido de la crisis, los partidos de la oposición volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la continuidad de unos organismos con un crecimiento continuo de presupuestos. También hubo regidores populares en la comunidad que, en declaraciones a este diario, reconocían la necesidad de "acabar con el gasto improductivo, recortar en lo menos imprescindible, ya sean diputaciones u otros organismos", entre los que citaban el Senado, el Consello Consultivo, el Consello Económico e Social, el Consello Galego da Competencia, el Instituto Galego de Estatística (IGE) o figuras como el Valedor do Pobo.

Pero en el informe de la comisión de expertos que trabaja en el nuevo modelo de financiación local se atribuye a las diputaciones "un papel fundamental" en la estructura territorial del Estado. Y las presenta como una "suerte de municipios de municipios" que puedan "asesor" e incluso "ejercer directamente la gestión" de servicios públicos en municipios de menos de 20.000 habitantes "incapaces por sí mismos" de prestarlos "bajo mínimas condiciones de eficiencia". El grupo de trabajo también aboga por otorgar a las instituciones provinciales la capacidad de "decidir y gestionar" los tributos locales.

Desde la Fegamp apuestan por "no entrar" a valorar cada aspecto que se propone sobre el nuevo modelo de financiación local y recuerda las 100 medidas propuestas desde el órgano de poder local gallego para lograr un "municipalismo justo con Galicia y con la ciudadanía". La principal reivindicación de los alcaldes gallegos, según recuerda el también regidor de O Barco, es que el nuevo sistema "corrija la discriminación en la financiación estatal con Galicia" y "se ajuste mejor el reparto de fondo para que los gallegos no reciban menos que el resto".