La reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, suprimirá la obligación de tributar a aquellos propietarios que sufran pérdidas al vender un inmueble y las acrediten, tal y como ha ordenado el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el resto de los contribuyentes seguirán pagando al ayuntamiento de turno, pero no por la diferencia entre los precios reales de adquisición y los de venta sino según estimaciones elaboradas a partir del valor catastral. Como contrapartida, la propuesta de reforma del Ministerio de Hacienda revisa parcialmente este último método y rebaja la carga fiscal sobre los inmuebles adquiridos en los últimos años del boom inmobiliario y durante la crisis.
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