Uno de los frentes de la batalla que libran los ayuntamientos con el Gobierno central, además de la responsabilidad sobre la devolución del impuesto de plusvalía a quienes vendiesen sus propiedades con pérdidas o las restricciones para invertir su superávit, afecta también al empleo público. Las entidades locales cifran en 100.000 los puestos perdidos desde 2012 debido a las limitaciones para cubrir sus vacantes fijadas para embridar el déficit público y exigen una tasa de reposición del 100%, limitada ahora a puestos de sanidad, educación y justicia, sobre las que carecen de competencias. De hecho en Galicia, concellos y diputaciones sufrieron una reducción del 15,6% de sus plantillas desde el inicio de la crisis, casi cinco veces más que la experimentada por la Xunta y casi el doble que la administración estatal en la comunidad.
A comienzos de año, las entidades locales contaban en Galicia con 26.631 empleados, 4.932 menos que los 31.563 del año 2009, en que la crisis estalló tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers a finales del ejercicio anterior.
En ese período, y usando los datos homogéneos del boletín estatal de personal público correspondientes a enero que permite comparar las tres administraciones, la Xunta perdió un 3,4% de su plantilla, pasando de 89.299 trabajadores a 86.268, es decir, 3.031 menos.
Más sueldos del Estado
Por su parte, los ciudadanos a sueldo de la Administración estatal en Galicia disminuyeron casi un 9%, prácticamente la mitad de caída que la experimentada en el ámbito local, lo cual provocó que los primeros superasen en número a los segundos al alcanzar un total de 27.619. Cuando comenzó el año 2009 eran 2.678 más y sumaban 30.297, cifra entonces por debajo de los 31.563 de concellos y diputaciones, según los datos de la citada base de datos del Ministerio de Hacienda.
