Los pactos entre empresas para hacerse con contratos públicos al mejor precio son una infracción muy grave, que el Consello Galego da Competencia tiene bajo su punto de mira. En junio pasado sancionó ya a una empresa de seguridad por prácticas anticompetitivas en una licitación pública del Concello de Lugo y ahora por primera vez multa a dos empresas por hacer trampas en concursos de la Xunta. Las irregularidades se registraron en la licitación de dos contratos para suministrar e instalar dos calderas de biomasa, en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo y en el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán. En uno de los concursos una empresa quedó de primera y la otra de segunda, y en el otro contrato ocurrió al revés. Las firmas pactaron renunciar a las adjudicaciones en las que habían quedado primeras, para que la Xunta se viera forzada a recurrir a la segunda opción, que resultaba ser más cara para las adjudicatarias.

Competencia constata que esta práctica supuso "un perjuicio económico para las arcas públicas autonómicas" de 6.000 euros en la contratación de las dos calderas de biomasa, cuyo precio de licitación rondaba los 100.000 euros. Por eso, declara "acreditada" la existencia de una infracción muy grave. En todo caso, la multa es proporcional al volumen de negocio que manejan las firmas y, al tratarse de dos empresas pequeñas, se limita a una penalización de 9.354 euros a una de las firmas y de 2.132 a la otra. Fue la propia Xunta la que denunció los hechos al Consello Galego da Competencia. El Instituto Galego de Calidad Alimentaria (Ingacal) sacó a concurso la instalación y mantenimiento de una caldera de biomasa en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo por 107.484 euros y, por otro lado, licitó la del Centro de Investigación Forestal de Lourizán por 99.745 euros.

La empresa Acenda Enerxía resultó adjudicataria del suministro de la caldera en Lourizán al presentar la oferta más barata (79.253 euros) y, en segundo lugar, quedó Protosolar (83.931 euros). En el contrato de Mabegondo fue Protosolar la ganadora al ofertar 90.286 euros frente a Acende, que quedó segunda, con 91.353 euros.

Al comunicar la Xunta la resolución de los concursos a las adjudicatarias para pedirles que aportaran la documentación para firmar el contrato, ninguna de las empresas ganadoras envió los papeles, de manera que la Xunta tuvo que adjudicar los contratos a las ofertas que habían quedado en segunda posición, lo que supuso un encarecimiento de 1.066 euros en un contrato y 4.677 euros en otro. Los representantes de ambas empresas llegaron a mantener una reunión con el responsable de Ingacal. "Manifestaron su interés en intercambiar los contratos porque así su sede social estaría más próxima a los centros donde iban a instalar y ocuparse del mantenimiento de las calderas, destaca Competencia, que acredita que es una práctica "anticompetitiva" que además supone "un daño directo" para la Administración.