No hubo fumata blanca en la reunión convocada ayer entre la DGT y los examinadores de Tráfico. Tras casi cuatro horas tratando de poner fin al conflicto laboral que ha llevado a los funcionarios a convocar una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre, las dos partes salieron del encuentro sin acuerdo alguno. El paro sigue en pie y los servicios mínimos los impondrá el Ministerio del Interior, ya que Tráfico propuso que fueran del 65% y los examinadores los rebajaron al 20%. La lista de espera, que suma más de 80.000 aspirantes al carné de conducir en España y unos 6.000 en Galicia que no pudieron examinarse por los paros de junio y julio, se agravará a partir del próximo mes con la convocatoria de huelga indefinida. La plantilla de trabajadores solo pondrá fin a sus protestas si el Estado atiende su principal reivindicación: una subida salarial de entre 200 y 240 euros al mes, un compromiso que ya había adquirido -recuerdan- el Gobierno central en 2015.
"Salimos desencantados. Se confirmaron los peores pronósticos. Nos hemos dado de bruces con la realidad y no hubo un cambio de posición. El director de la DGT se escuda en que no es su competencia [autorizar la subida retributiva], cuando ocupa un cargo público y es quien tiene que desbloquear esta situación", cuestionaba a la salida de la reunión la delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández.
Los trabajadores reconocen que se enfrentan a un septiembre "difícil" si el Gobierno central no da marcha atrás y no atiende su reclamación salarial. "Esperamos que de aquí al 4 de septiembre haya posibilidades de resolver el conflicto", confía todavía Fernández. De no lograrlo, habrá paros todos los días, no como las protestas iniciadas en junio que se limitaron a tres jornadas por semana.
Desde la Federación Gallega de Autoescuelas lamentan que no se haya llegado a un acuerdo para poner fin a las protestas, que ya en junio y julio impidieron que entre 300 y 400 aspirantes al carné en Galicia no se pudieran examinar cada día y hundieron las matriculaciones en los centros de formación ante la "incertidumbre" de la huelga indefinida convocada para el próximo mes. "Son unos egoístas irresponsables que están negociando el daño que nos van a hacer a las empresas y a la ciudadanía", cuestiona el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, José Manuel López Marín.
Durante las casi cuatro horas de reunión, el director de Tráfico, Gregorio Serrano, reiteró a los examinadores que la DGT no tiene competencias para autorizar la subida salarial que reclaman y les recordó que ya había defendido ante el Ministerio de Hacienda -órgano competente en este caso-- los argumentos de los trabajadores "en numerosas ocasiones". La respuesta, según les trasladó, fue "no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a dichas subidas retributivas".
Serrano manifestó al comité de huelga su "absoluta disponibilidad para tratar cuantos temas consideren oportunos en cuantas ocasiones estimen convenientes" con respecto a "todas las demás cuestiones de mejoras profesionales que sean competencia de la DGT", según el comunicado emitido por Tráfico.
Ante la falta de acuerdo en la principal reivindicación del colectivo, la económica, la reunión pasó a tratar la implantación de los servicios mínimos. Tras la negativa del comité de huelga a desconvocar la huelga indefinida, Serrano propuso establecer un 65% de servicios mínimos durante los paros de septiembre, una opción que los examinadores rechazaron por considerarlo "absolutamente desproporcionado y fuera de cualquier discusión". Asextra justifica su decisión en un comunicado afirmando que su servicio no se considera "esencial", por lo que "no debería ni plantearse esta cuestión".
Después de un receso, el colectivo examinador dijo "estar dispuesto a aceptar unos servicios mínimos del 20%" por "consideración a las empresas y atendiendo a la responsabilidad con la ciudadanía". Sin embargo, la DGT consideró la propuesta "insuficiente", por lo que, en un intento de llegar a un acuerdo, hizo una segunda propuesta: servicios mínimos del 50%, también rechazada por "abusiva y desproporcionada". Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, será la Subsecretaría de Interior la que finalmente fijará los horarios que deben cumplirse.
