27 de agosto de 2017
27.08.2017

La Xunta recauda 6.000 euros cada día en multas por casas, galpones o naves ilegales

Las sanciones por levantar edificaciones en suelo rústico o zona de costa no edificable crecen un 22%. Las piquetas baten récord de derribos, 125 en solo seis meses, una de cada tres en la provincia de A Coruña

28.08.2017 | 11:32
Vivienda derribada en una zona no urbanizable de protección del monte en Oleiros el pasado mes de febrero.

A golpe de expediente la Xunta trata de poner fin a las edificaciones levantadas en suelo rústico o zona de costa no edificable. Los inspectores urbanísticos peinan a diario Galicia para erradicar la política del ti vai facendo que durante años imperó en los ayuntamientos gallegos y permitió levantar cientos de galpones, viviendas, naves e incluso urbanizaciones o hoteles ilegales.

Las piquetas de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, batieron récord de demoliciones durante los primeros seis meses del año, con un total de 125 edificaciones reducidas a escombros, casi el 70% de los derribos ejecutados en todo 2016. Además de tener que costear la demolición, los propietarios que se resisten a tirar la construcción se enfrentan a una sucesión de multas, que pueden superar los 300.000 euros. Entre enero y junio, la recaudación de la APLU por estas sanciones urbanísticas -un total de 287, un 16% más que el mismo periodo del año pasado- ascendió a 1.077.209 millones. O lo que es lo mismo, Xunta y concellos recaudan de media cada día 6.000 euros en multas coercitivas a propietarios amenazados por las piquetas y las excavadoras, un 22% más que los apenas 4.900 euros diarios ingresados de media el año pasado.

Desde que en 2008 el bipartito creó la APLU, con el objetivo de poner coto al urbanismo desaforado en la comunidad y que llenó de grúas la costa en pleno boom inmobiliario, más de 900 construcciones ilegales fueron derribadas. 2016 fue el ejercicio con más órdenes de reposición ejecutadas -un total de 182-, aunque de mantenerse el ritmo actual el balance de 2017 batirá un nuevo récord, ya que en solo el primer semestre se acometió la demolición de 125 construcciones en suelo rústico o zona de costa. Esta cifra se queda muy por encima de los 37 con que se cerró 2009 o los 72 de hace cinco años.

Provincias


A Coruña y Pontevedra concentran el grueso de las reposiciones ejecutadas, casi el 80% del total. Pontevedra, a la cabeza, con 55 obras derribadas en el primer semestre del año -el 44% de la comunidad-, y en A Coruña, 41 -casi el 33%-. Les siguen de lejos las demoliciones realizadas en Lugo (22) y en Ourense (7).


¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado los permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado para que repongan la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta su demolición.


De hacer caso omiso a la orden del Ejecutivo autonómico, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el propietario, sumará nuevas sanciones a lo largo del proceso. Si el infractor acata la orden de demolición tienen una bonificación en la multa del 80%. Si las sanciones no surten efecto, es en última instancia cuando intervine la Administración -la Xunta en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar el derribo de forma subsidiaria, reclamando los costes al dueño a posteriori.


La recaudación de sanciones por irregularidades urbanísticas en Galicia se reparte al 50% ente la Xunta y los ayuntamientos adheridos a la APLU -en la actualidad, un total de 66: 22 de la provincia de A Coruña, 11 de Lugo, 20 de Ourense y 11 de Pontevedra- ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones y que a la mayoría de los ayuntamientos gallegos les resulta imposible abordar por falta medios humanos y materiales.


Desde que se creó la agencia de urbanismo hasta junio de este año, ambas administraciones tramitaron un total de 4.110 multas coercitivas por un importe total que ronda los 10,5 millones de euros. Las 287 multas interpuestas en el primer semestre del año suman un importe que supera el millón de euros. La mayoría de expedientes sancionadores procede de concellos de la provincia de Pontevedra, con un valor de casi 620.000 euros en solo seis meses (casi l 60% del importe total en la comunidad).


Las sanciones tramitadas por obras sin licencia en la provincia de A Coruña entre enero y junio alcanzaron los 368.000 euros (34% del total). Las cantidades reclamadas por construcciones fuera de normativa en las provincias del interior son muy inferiores; poco más de 51.000 euros a propietarios en Lugo y 40.000, en Ourense.

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