La Asociación de Viviendas Turísticas (Aviturga) celebra el recurso presentado por la Comisión Nacional de la Competencia porque cree que servirá para modificar el decreto de alquileres turísticos de la Xunta. La presidenta de este colectivo, Dulcinea Aguín, explica que "el error" del Gobierno gallego fue la "falta de consenso". "Con el diálogo se puede llegar a muchas cosas beneficiosas para todos", apunta. Y a pesar de ello, según señala, los dueños de pisos vacacionales tuvieron que recurrir a los tribunales "para defender aspectos que son lícitos y legales".

De hecho, Aguín recuerda que su asociación pidió la suspensión del decreto al Tribunal Superior de Xustiza. Y advierte de que, aunque el TSXG rechazó paralizar la norma, su demanda sigue vigente en los tribunales y a la espera de sentencia.

La presidenta de Aviturga reconoce que los datos de ocupación turística "son buenos", pero apunta que el número de viviendas regularizadas no es el que preveía la Xunta. "En un principio hablaban de 48.000 pisos y se han registrado 4.500", señala. De hecho, Dulcinea Aguín cree que las restricciones de la norma que regula los alquileres turísticos impiden que hayan aflorado más pisos dedicados a esta actividad.

También critica que la norma del Gobierno gallego impida el alquiler por habitaciones que, sin embargo, sí autorizan las normativas de Asturias o Andalucía. "Hay que tener en cuenta que en algunas zonas de Galicia no existe una oferta hotelera suficiente para atender la gran afluencia de turistas que estamos recibiendo y solo les queda la opción de alojarse en casas de particulares", defiende.

De la misma manera se queja de las trabas burocráticas que se les ponen a los propietarios como la exigencia de que, en caso de que la vivienda por su antigüedad no disponga de licencia de ocupación, los dueños tengan que solicitar al ayuntamiento un documento que acredite que no hay ninguna irregularidad urbanística. "Hay propietarios que llevan meses esperando por este trámite", denuncia Aguín.

Por otro lado, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González, no entiende el movimiento de Competencia porque considera que el decreto "ha demostrado su eficacia en tan solo tres meses". Se refiere a las más de 4.500 viviendas turísticas que se han dado de alta desde que en mayo entró en vigor el decreto de la Xunta. Pese a incidir que se trata de un tema "muy complicado", González defiende que los ayuntamientos tienen que poder limitar el número de alquileres vacacionales -en referencia a uno de los artículos que cita la CNMC como contrarios a la competencia- porque se cuenta entre sus atribuciones al "entrar dentro del PXOM". "Si no pueden controlar el número nos veremos con cientos de Barcelonas por todos lados", aseguró.