La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitió desde finales de 2015 aliviar la carga de trabajo de los tribunales gallegos al no permitir que llegasen a juicio los delitos sin autor conocido. Eso explica que la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) publicada ayer recoja que los juzgados de la comunidad recibieron el año pasado la cuarta parte de nuevos casos, al pasar de los más de 418.012 ingresados en 2015 a los 334.410. A pesar de que la resolución de procesos fue aún más lenta que el ejercicio anterior, con un 20% menos de litigios cerrados -de 423.543 a 341.982-, esta cifra supera a los recibidos, por lo que de media cada órgano resolvió 1.331 conflictos.

El hecho de contar con menos casos provocó que la bolsa de los que quedaron pendientes a final de año fuese más pequeña. Así, la saturación de los órganos judiciales bajó un 10% con 123.770 pleitos frente a los 136.466 de 2015.

La provincia de Pontevedra contó con el mayor número de causas registradas, con 124.088, a las que le siguen las 116.651 que se acumularon en los tribunales de A Coruña, mientras que en Lugo y Ourense rondaron las 35.000. Si se analizan los casos ingresados por órgano, los más colapsados serían también los de Pontevedra con 1.349 nuevos procedimientos por juzgado, pero el segundo puesto lo ocuparía la provincia lucense con 1.192, dos más que las 1.190 de A Coruña. Ourense ocupa el último puesto con 1.067.

No solo hay diferencias por provincias sino también por jurisdicciones. Pese a que las salas de lo Penal concentran más de la mitad del total de nuevos litigios recibidos con 177.470, la carga de trabajo en estos tribunales se redujo más del 36,5%. En los órganos de primera instancia que tratan reclamaciones civiles entre particulares como arrendamientos, temas de familia, herencias, conflictos en comunidades de vecinos o incapacidades y que suponen la tercera parte de los pleitos la actividad también cayó, aunque en menor medida: casi un 11% hasta los 116.308 casos. La otra cara de la moneda son las salas de lo Social -que tramitan conflictos laborales entre empresarios y trabajadores- y las de lo Contencioso-Administrativo -que gestionan pleitos- de los ciudadanos con la Administración con un aumento de casi el 2% y del 3% respectivamente, con 30.649 y 9.985 procesos en cada caso.