La Mesa del Congreso dio esta semana vía libre para debatir la creación de una comisión de investigación por el accidente de Angrois de 2013 que tanto habían reclamado las víctimas. Era la cuarta vez que el tema se trataba en las últimas tres legislaturas después de ser rechazada en las anteriores. En el caso de la transferencia de la AP-9 del Estado a la Xunta no sucedió lo mismo y a la tercera no fue la vencida. La Cámara baja acordó de nuevo ayer, y por tercera vez, que no es procedente debatir en pleno la proposición de ley orgánica de transferencia de transferencia de titularidad y de las competencias de la Autopista del Atlántico presentada por unanimidad por los grupos del Parlamento gallego.

La resolución firmada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, justifica esta decisión alegando que la aprobación del traspaso supondría "un aumento de los créditos presupuestarios". En este sentido, alude al informe presentado por el Ministerio de Fomento a finales de junio cuando se vetó por segunda vez la demanda de la Cámara gallega. En ese documento el Gobierno central cifraba el coste de la operación en un mínimo de 554 millones de euros, cantidad que podría ascender hasta un total de 4.750, lo que supondría un "impacto" sobre las cuentas estatales.

En su visita a Galicia a finales de julio el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya dio por cerrado el debate para transferir la autopista del Atlántico, cuando explicó que hacerlo provocaría "numerosos pasos" similares en otras comunidades que conllevarían a un "desmantelamiento" de la red viaria estatal. Como alternativa propuso varios convenios para la bonificación de peajes, que ayer también recordó la Mesa de la Cámara. Se trata de la gratuidad de los tramos de la AP-9 entre A Coruña y A Barcala y de O Morrazo a Vigo, tanto en el sentido de ida como de vuelta, cuyo coste dejarán de pagar los gallegos y asume desde entonces el Ejecutivo de Rajoy.

Antes del veto de ayer y del de junio hubo otro a mediados de diciembre del año pasado, la primera vez que el Congreso tumbaba la petición del Parlamento gallego alegando razones económicas. En concreto una desviación de 6.200 millón de euros que impedirían cumplir con el plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta decisión "no supone una sorpresa" pero, pese a las reiteradas negativas del Gobierno central, el Ejecutivo gallego seguirá reclamando la transferencia de la AP-9 "de forma clara". Pero para la oposición, el presidente gallego no es tajante y según el portavoz del PSdeG en O Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, actúa como "oyente" y con "dócil complacencia" a la negativa del al traspaso. Para la portavoz del BNG, Ana Pontón, este nuevo veto es "un acto democrático" con el que se "consuma el desprecio a todos los gallegos" al privarle de "una autopista gallega libre de abusivos peajes". Y desde En Marea, el diputado Antón Sánchez también usó el adjetivo "antidemocrático" para referirse a la actitud "sin escrúpulos" del Gobierno.