La Plataforma Víctimas Alvia 0415, constituida tras el descarrilamiento de un tren en Santiago en julio de 2013 que dejó 80 pasajeros muertos, acusó ayer al PP de urdir una "treta" para evitar una investigación que determine responsabilidades políticas.

En un comunicado, la asociación señala que desde hace cuatro años está "pidiendo una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas" y critica al PP de "esconderse" detrás de "argumentos falaces" como justificar que ya hay un procedimiento judicial y que, hasta que no concluya, no debería haber tal comisión.

Sin embargo, la asociación señala que la división de poderes en el ámbito democrático debería establecer que "la justicia solo dirime responsabilidades penales, pero no políticas", y apunta que "hay hechos y conductas muy graves que no se pueden depurar en el ámbito judicial".

Subraya que "hasta ahora el PP ha hecho tres comisiones técnicas", una de las cuales, la Comisión de Investigación Accidentes Ferroviarios (Ciaf), ha sido "invalidada" por la Unión Europea, debido a la "falta de independencia" de los integrantes.

La otras dos, una técnico-científica y una subcomisión parlamentaria para el estudio y análisis del sistema ferroviario español, no han investigado las causas del accidente, sino de la "rentabilidad" del sistema ferroviario, añade.

Por su parte, el pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo jueves 28 de septiembre la creación de una comisión de investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido en Angrois.

Así consta en el orden del día, que recoge esta solicitud por duplicado: la que registró el PSOE y la del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y mixto. Fuentes consultadas por Europa Press indican que la intención es que ambas iniciativas sean transaccionadas, toda vez que el objetivo es idéntico: el que vienen reclamando las víctimas del siniestro desde el primer momento. El pasado día 5, la Mesa de la Cámara Baja calificó finalmente ambas peticiones, con los votos a favor de los grupos proponentes y de Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Se cumplía entonces justo una semana del acuerdo en la misma Mesa para solicitar un informe jurídico a petición del PP, iniciativa que contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos y el voto en contra del grupo confederal.