La Fiscalía dispondrá de un plazo máximo ordinario de seis meses para investigar el escándalo de la sobreventa de billetes a las islas Cíes. El Ministerio Público abrió el lunes diligencias a raíz del informe que le trasladó la Xunta en el que pide que se investigue a cuatro navieras por la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad.

Las pesquisas que llevan a cabo los fiscales tienen un plazo de hasta medio año, lo que determinaría que las conclusiones de este caso -la presentación de una querella ante el juzgado de guardia o el archivo- deberían ser una realidad antes de que finalice marzo de 2018. La Fiscalía, llegada a esa fecha, aún tendría la posibilidad de ampliar sus indagaciones de forma extraordinaria, previa autorización del fiscal general del Estado. Pero estas prórrogas no son la norma general. "Es algo que se hace de forma excepcional", afirmó ayer la fiscal jefe de Vigo, Susana García- Baquero.

García-Baquero confirmó que, a raíz de la denuncia de la Xunta, se han incoado diligencias de investigación y que las mismas se "están tramitando".

La fiscal jefe señaló que estas pesquisas seguirán su curso "según sea necesario" y que se practicarán las diligencias "que se estimen pertinentes". No precisó en qué consistirán y señaló que la investigación que se acaba de abrir es "reservada y secreta". Tampoco concretó si las pesquisas podrían agotar esos seis meses de plazo ordinario. "Todavía es muy pronto; hace solo seis días que se presentó la denuncia y no se puede acelerar nada sobre una investigación que se está iniciando", dijo. Sobre que la denuncia fuese presentada ante la Fiscalía -también es posible formalizarla ante el juzgado de guardia-, la fiscal jefe señaló que el modo de proceder de la Xunta "no es nada extraordinario" y que son muchos los casos que se presentan directamente ante el Ministerio Público. "Es una posibilidad que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal", dijo, tras añadir que a partir de ahora se recabarán datos, como corroborar que no existe ya ninguna causa judicial en curso sobre esta materia. En su día, al menos tres particulares presentaron denuncia ante la Policía Nacional, pero en los días posteriores ninguno de estos casos llegó al juzgado que estaba de guardia.

El informe de la Xunta refleja que cuatro navieras excedieron el cupo diario de visitantes a Cíes (2.000 personas por día) valiéndose de pasajes con códigos QR falsos o ilegibles y anulaciones de viajes ficticias.

Según las pruebas recabadas, el Ejecutivo autonómico considera que las actuaciones de estas cuatro empresas de transporte marítimo podrían ser constitutivas de infracción penal por "estafa a los ciudadanos afectados" y por "falsificación de documentos oficiales y mercantiles". Solo en los días 3, 5 y 19 de agosto, estas navieras excedieron el cupo permitido de visitantes a las Cíes en 8.077 personas. Por lo tanto, se llegó a duplicar el aforo permitido por la Xunta, que es 2.200 personas y 800 campistas diarios.