Siete años después de que estallara la operación Campeón -una trama de obtención irregular de subvenciones públicas que salpicó en Galicia a cargos públicos y diputados-, el proceso encara su recta final. Doce de los trece encausados han llegado a acuerdos con la Fiscalía, lo que no evitará que se celebre el juicio el próximo 24 de octubre porque basta con que uno de los acusados, en este caso un empresario, no haya estado conforme con el trato ofrecido por el ministerio fiscal para que haya juicio.
El principal procesado y eje de la trama es el empresario lucense Jorge Dorribo, que aceptó cinco años y 11 meses de prisión -inicialmente se pedían 24 años- y una multa de 6,1 millones de euros por cinco delitos: contra la hacienda pública, por falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.
Es la pena más elevada, junto con la de su socio en los Laboratorios Nupel de Lugo, Arsenio Méndez, que asume casi dos años de cárcel y una multa de dos millones por delitos contra la hacienda pública, contable e insolvencia punible.
Entre los políticos encausados está el exdiputado coruñés del PP Pablo Cobián que llegó a un trato con la Fiscalía para cumplir una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un periodo de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público por un delito de tráfico de influencias.
Además, en la lista de procesados había tres excargos del Igape. La exdirectora de Financiación, Cristina Quintela, resultó absuelta. El exdirector general de la entidad, Joaquín Varela, y el exdirector de Programas, Carlos Silva, que dimitieron tras estallar el caso Campeón, liquidaron su responsabilidad por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios con una multa económica de 2.160 euros y la suspensión de empleo y sueldo durante un año.
En el centro de la trama está la farmacéutica Nupel, propiedad de Dorribo, que contando con la colaboración de directivos del Igape maniobró de forma irregular para acceder a subvenciones públicas, como un millón de euros concedidos por el Instituto Galego de Promoción Económica, que finalmente no se pagó, y la gestión, también por parte de esta entidad, para conseguir un préstamo de casi tres millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. En el funcionamiento de la trama habría jugado un papel muy activo Pablo Cobián como mediador.
El exdiputado del PP, que renunció a su escaño tras su imputación, estaba inicialmente encausado por tres delitos, pero al final la Fiscalía lo redujo a tráfico de influencias y descartó cohecho y fraude en subvenciones. Su abogado, Ulises Bertolo, se mostró "muy satisfecho" porque se demostró que "no hubo ningún tipo de cobro, ni un euro, por ninguna gestión que haya realizado".
Los pinchazos telefónicos a Dorribo llegaron a implicar en el cobro ilegal de comisiones a cambio de ayudas públicas al exministro de Fomento, José Blanco, que incluso testificó como imputado, pero el Tribunal Supremo archivó la causa en su contra en 2013. Lo mismo pasó con el exregidor de Lugo, Xosé Clemente Orozco, investigado por la juez Estela San José y luego desimputado. El caso Campeón también salpicó al exconselleiro, Fernando Blanco, que dimitió de su escaño en el Parlamento. Su causa sigue abierta pero fue derivada a otro juzgado.
La Fiscalía considera que los acusados obtuvieron "una respuesta adecuada a sus respectivos comportamientos". Y, aunque el juicio se celebrará igualmente, señalan que los acuerdos alcanzados "simplifican" el procedimiento.
