Hubo un tiempo en el que el sector inmobiliario era una fuente inagotable de recursos para todos. Hasta para las administraciones públicas que engordaban sus arcas gracias al ladrillo al ritmo que se hinchaba la burbuja inmobiliaria.
Llegó finales de 2007 y la burbuja explotó y con ella también explotó la fuente de financiación en la que se había convertido el sector inmobiliario para las administraciones. Un ejemplo son los ingresos que las comunidades autónomas reciben por la venta de su patrimonio, sobre todo terrenos, inmuebles (pisos y locales comerciales) y otras propiedades.
Por este concepto, la Xunta recaudó en 2008 algo más de 83 millones, la mayor cifra de la historia. Ocho años después, en 2016 la cantidad se ha desplomado hasta los 8,2, la segunda más baja de las dos últimas décadas, tras los 8,1 que ingresó en 2015, según los datos del Ministerio de Hacienda.
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Aunque la caída en la recaudación por la enajenación de inversiones reales (así es como aparece en el apartado de ingresos de la ejecución presupuestaria de las comunidades) se produce a partir de 2009, el gran desplome ha llegado en los últimos cinco años en los que la cantidad no ha superado los 18 millones en ninguno de los cinco ejercicios.
En 2016, los ingresos fueron la mitad que hace tres años (17,1 millones) y un 64% menos que en 2011. Si se suman los tres últimos ejercicios, la cifra solo es cuatro millones más que la que se logró en 2011. Si antes de la crisis la venta de suelo y otras propiedades era una fuente más de financiación para las comunidades ahora es residual.
El Gobierno gallego no achaca esta caída de los ingresos a la burbuja inmobiliaria sino a otros tres factores.
En primera lugar, aduce que desde 2007, un año antes de que comenzase la crisis, los pisos protegidos que se adjudican a las personas con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) se deben conceder en régimen de alquiler debido a una normativa del Gobierno central.
Esta medida ha provocado que se desplomen los ingresos que la Xunta obtiene por la venta de estos pisos, ya que la gran mayoría se alquilan. También explica que los bancos no ofrecen hipotecas para adquirir estos inmuebles.
En segundo lugar, y debido a la crisis, tampoco se venden como antes los locales que están en los bajos de esos edificios para poner en marcha un negocio.
Y por último, la crisis también está detrás de que no pueda desprenderse del suelo industrial en el que se instalan las empresas.
Cada año, el Ejecutivo gallego realiza una estimación inicial de lo que cree que percibirá por estas ventas y siempre la recaudación es mucho menor de la prevista. No es algo que le suceda solo a Galicia. Ocurre lo mismo en el resto de comunidades.
Por ejemplo, en 2008 el objetivo de recaudación que se había marcado la Xunta alcanzó el 84%. Una cifra muy buena si se compara, por ejemplo, con el 43% de 2010 o el 44% de 2012. Es decir, en estos dos años no se llegó a recaudar la mitad de lo que se había previsto.
Desde 2002, la previsión total de ingresos fue de 839,9 millones y recaudó 573, el 65,6% de lo programado. Sin embargo, el comportamiento anual ha sido bastante diferenciado en los últimos 15 ejercicios.
La mayor actividad se registró en los años de bonanza económica, cuando se alcanzaron los 83,8 millones, el 84% de lo previsto, en 2008 o los 62,4 millones (el 86%) en 2006. A partir de 2010, las cifras de recaudación bajaron sensiblemente y la Xunta también rebajó sus previsiones para no trabajar con unos presupuestos inflados.
