El conflicto político en Cataluña, cuyo Parlament podría declarar la independencia el lunes, marcó el debate sobre el estado de la autonomía. Ante la mayor crisis del sistema político emanado de la Transición, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se alineó con el rechazo a "cesiones a Cataluña a costa de Galicia", consideró a la ciudadanía gallega como víctima de un "asalto" del independentismo, alertó contra el riesgo de "balcanización" de España y pidió aplicar "todas las medidas" necesarias para frenar a los "golpistas" catalanes, deslizando su aval a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía de una comunidad.
El conflicto político y social generado en Cataluña se instaló ayer en el primer debate general tras las elecciones de septiembre del año pasado. Feijóo, que suscribió "cada una de las palabras" del Rey en su alegato contra la "deslealtad" de la Generalitat, forzará a la oposición a posicionarse. En Marea y BNG apoyaron el derecho a decidir del pueblo catalán, por lo que es el PSdeG el que tendrá que fijar postura ante la propuesta de resolución que hoy registrarán los populares. Feijóo ya anunció que será difícil introducir matices. "Hay debates en los que no cabe la ambigüedad", sostuvo. "O se avala el incumplimiento de la ley o se condena", dijo como ejemplo, entre otros.
A nivel estatal, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha concretado si apoyará el botón nuclear del 155. En la votación de mañana, el PSdeG deberá pronunciarse sobre la propuesta del PP. Y lo hará antes de que el domingo sus bases elijan secretario xeral. En el cierre de la sesión, retó a los socialistas a definir su posición y a sumarse a la restauración del "orden constitucional".
En el debate a nivel estatal, Galicia se juega su estatus de nacionalidad histórica. Feijóo se mostró favorable a debatir la oferta del socialista Xoaquín Fernández Leiceaga para modificar el Estatuto de Autonomía, aunque negó que este fuese el momento idóneo. Considera más grave el impulso de la Generalitat al referéndum del pasado día 1 -que la justicia ilegalizó y sobre el que cimentará la declaración de independencia- que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Tejero. "Nunca antes se produjera algo tan lamentable como que los golpistas fuesen políticos y que, además, fuerzas políticas supuestamente democráticas fuesen ambiguas en su rechazo", espetó.
"Disparate", "pantomima", "pisoteo a los derechos" de catalanes y gallegos o "insurrección no contra una dictadura, sino contra una democracia" fueron los calificativos de un Feijóo que tachó de "pucherazo" el referéndum "sin garantías e ilegal" que "no persigue la independencia". "Pretende que la clase independentista catalana siga en el poder para siempre [...] El objetivo para ellos no es una nación, es mantener el negocio", espetó en las réplicas a sus rivales.
El presidente de la Xunta vinculó el conflicto catalán con el reparto de fondos estatales y advirtió a Rajoy y a su propio partido. Se opondrá a una negociación sobre el modelo de financiación autonómica, cuya reforma aplazó el Ejecutivo central. "A Galicia le cuesta más prestar los servicios públicos, pero a los gallegos no les puede costar más recibirlos", insistió, rechazando la cesión de mayores fondos a la Generalitat -"marioneta en manos de partidos abiertamente radicales y antisistema", en alusión a la CUP- para frenar la aspiración independentista: "No pedimos más que nadie ni más a costa de nadie. Pedimos igualdad".
Además, aprovechó el conflicto para proponer una reforma política, cuyos preceptos no concretó, que evite los "chantajes de las minorías", en alusión a las negociaciones de gobiernos estatales de PSOE y PP con los nacionalistas catalanes y vascos para garantizarse la gobernabilidad. "Hago esta propuesta desde la legitimidad que me da ser el único presidente autonómico en España apoyado por un partido que tiene mayoría absoluta", alegó.
La oposición rechazó la gestión de Feijóo, censurando su postura ante el conflicto catalán, que llevó a Ana Pontón a tacharlo de "extrema derecha", a la que exigió que no lo acusase de delitos como prometer fondos para la sanidad privada y le pidió alejarse de los postulados del nacionalismo catalán.
En Marea y BNG se posicionaron a favor del derecho a decidir en Cataluña. El portavoz del primer grupo, Luís Villares, impugnó la gestión del Gobierno y la postura del Rey, al que criticó por una postura "absolutamente agresiva" y le recordó que ocupa un cargo sin haberse presentado a ninguna elección. También aguantó los ataques de Feijóo sobre la división interna en En Marea. "Si puede seguir como portavoz, para nosotros bien", ironizó. Por su parte, Leiceaga apostó por una reforma constitucional como única salida a la crisis catalana. Pontón pidió que Galicia pueda decidir también su encaje en el Estado.
Feijóo y sus rivales tampoco coincidieron en el análisis de la realidad económica y social de Galicia. En Marea, PSdeG y BNG rechazaron medidas como la ley de fomento empresarial, la reordenación del mapa sanitario o la política laboral. Las posibilidades de que la sesión se cierre mañana con acuerdos se reducen, si bien Feijóo ofreció al PSdeG uno para lograr carga de trabajo para Navantia en el Congreso.
