Tramas organizadas. Son las palabras que más se repitieron durante la ola de incendios de 2006 que devoró en Galicia más de 95.000 hectáreas de monte y tras las voraces llamas de este fin de semana en el sur de la comunidad. Entonces se descartó le existencia de grupos organizados y en nueva oleada incendiaria en Galicia el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García-Ortiz, también minimiza esta hipótesis. Pese a los "indicios" por las horas, los lugares y las formas de producirse la "ola de incendios desaforada" de estos días, García-Ortiz llama a no especular sobre la intencionalidad de los fuegos porque -asegura- es "muy difícil" determinar si fueron o no intencionados sin conocer el origen y el número de focos, por lo que no se puede "aventurar" que haya una actividad "criminalizada organizada", según aseguró ayer en una entrevista a la Cadena SER.

"Todavía es prematuro; hay que dar tiempo a los investigadores", apunta el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia al ser preguntado por la autoría de los últimos fuegos en la comunidad. Cada incendio, según explica, es "un mundo". La única "receta" posible para afrontar esta problemática es estudiar fuego a fuego, ya que cada uno tiene sus motivaciones.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se trabaja con hipótesis de la intencionalidad tras los fuegos que dejaron cuatro fallecidos en las provincias de Pontevedra y Ourense. Las investigaciones sostienen que hubo "cierta organización" de los autores y tratan de determinar cuántos incendios provocaron nuevos focos.

En 2010, la Fiscalía Superior de Galicia elaboró el primer estudio sobre el perfil de los incendiarios y descartó la existencia de tramas organizadas, aunque vinculó casi el 18% de los incendios originados en la comunidad a intereses económicos. El estudio encargado por el entonces fiscal superior Carlos Varela revelaba que las imprudencias en prácticas tradicionales como las quemas de rastrojos, causaban casi un 24% de los fuegos; otro 25% por colillas mal apagadas, barbacoas o pirotecnias. Tan solo el 7% eran provocados por pirómanos. ¿Las motivaciones? Casi uno de cada cinco escondía intereses económicos, ya fueran urbanísticos o ganaderos. Otro 20% eran provocados por personas con problemas psicológicos sin ninguna motivación aparente.

El fenómeno de los incendios en Galicia, según explico ayer el fiscal de Medio Ambiente, es "local" y su naturaleza "de origen individual". Por ello, consideró "muy difícil" pensar que el mismo fenómeno de criminalidad organizada pueda darse de una manera coordinada en Galicia, el norte de Portugal y Asturias, por lo que considera que se debe buscar dentro de los individuos los factores que pueden influir.

El estudio de Fiscalía gallega sobre el perfil de los incendiarios mostraba a un varón de entre 30 y 70 años, sin antecedentes penales, dedicado principalmente a tareas agrícolas, residente en el rural y en el municipio donde prende las llamas, con bajo nivel de estudios y que actúa en solitario.

"Penas altísimas"

Ante las peticiones de algunos dirigentes políticos que ayer volvieron a reclamar un endurecimiento de las penas para los incendiarios, García-Ortiz advirtió de que ya son muy elevadas. Si hay riesgo para la vida van de diez a 20 años de prisión, sin el perjuicio de la pena por el fallecimiento de personas. "Son penas altísimas", defendió.

En una reciente entrevista con este periódico, el fiscal de Medio Ambiente apostó por "repensar los tipos penales". "En la actualidad se castiga según el resultado del incendio, debería valorarse la intención con la que se ha actuado", urgió. La última reforma del Código Penal, según advirtió, no resolvió aspectos que hace que queden "impunes" algunos incendios. "Se debería pensar en que es un delito de riesgo y fijar la pena según la intencionalidad", defendió.

El problema de los incendios, según advierten de manera reiterada desde la Fiscalía de Medio Ambiente, es los difícil que resulta sentar en el banquillo a la mayoría de sospechosos de un incendio forestal por la falta de pruebas. Entre 2012 y 2016, la falta de pruebas concluyentes o de testigos provocó que de los más de 2.500 delitos de incendios forestales que llegaron a los juzgados, apenas 171 (7%) fuesen llevados a juicio.