Al menos 8 concellos pedirán la declaración de zona catastrófica para tener derecho a ayudas estatales y autonómicas para paliar los daños causados por los incendios. Son los regidores de As Neves, Baiona, Salvaterra y Gondomar, en la provincia de Pontevedra, y los de Maceda, Paderne y Parada do Sil, en Ourense, y el de Cervantes en Lugo.
Mientras, el Concello de Vigo sopesa solicitar la declaración de zona catastrófica para alguna de sus parroquias. El alcalde, Abel Caballero, avanzó ayer su intención de aprovechar "cualquier vía" que abra el Gobierno para resarcir a las familias más afectadas por la oleada de incendios del domingo. Entiende que el Gobierno local debe "liderar" ese trabajo y para ello empezará hoy a evaluar daños con las comunidades de montes.
En los próximos días se reunirá también con asociaciones de vecinos para preparar una memoria detallada que facilite el acceso a los recursos para rehabilitar viviendas o zonas forestales. El PP de Vigo respalda la iniciativa y ayer su portavoz, Elena Muñoz, demandó la inclusión de Vigo en la declaración de zona catastrófica.
La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), por su parte, se quejó ayer de que en junio pidió ayuda autonómica para limpiar las franjas de protección frente a los incendios forestales, pero lo único que obtuvo fue "una carta recordatorio de lo que dice la ley", que establece que esta tarea recae sobre los propietarios y sobre los ayuntamientos de manera subsidiaria. Tras una reunión de la comisión ejecutiva celebrada en Santiago, la Fegamp hizo pública una declaración institucional consensuada por sus miembros sobre los incendios en Galicia.
En ella recuerda que en junio expresó "la preocupación de los ayuntamientos ante la imposibilidad de hacer frente a la limpieza de las franjas de protección de los núcleos rurales por la falta de medios económicos y de personal, así como la dificultad para identificar a los titulares de las parcelas y el acceso a las mismas".
La Fegamp reclama que los incendios de estos días sean "un punto y aparte para una nueva política frente al fuego basada en la ordenación del territorio que evite que estos actos se repitan".
