Casi al mismo tiempo que se conocía el hallazgo de un posible artefacto incendiario en Salceda de Caselas, la Xunta aseguraba en el Parlamento que todos los fuegos iniciados el fin de semana fueron "intencionados", al tiempo que desligaba la gestión forestal de la lucha contra las llamas. "Galicia arde porque le prenden fuego, da igual que el monte esté bien o mal ordenado", sostuvo la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en una comparecencia a petición propia en la que cifró en 23 las casas dañadas por las llamas y, sin cuantificarlas, aseguró que las hectáreas ardidas estas jornadas superan las calcinadas durante el resto del año: hasta septiembre se habían quemado 11.000. Pidió también "unidad" a la oposición, que se enzarzó con un diputado del PP que sembró las dudas sobre su cercanía a los afectados. En Marea, PSdeG y BNG arremetieron contra el "simplismo" de cargar todo el peso de lo sucedido sobre el "terrorismo incendiario".

La intervención de Vázquez se centró en atribuir la responsabilidad del "100%" de incendios a un "terrorismo" que "causa dolor" y en desvincular de la política forestal la presencia de las llamas, relación que estableció la oposición, en la que Luís Villares (En Marea) criticó la ausencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del pleno. En este sentido, descartó además las plantaciones de eucaliptos como causa de la virulencia del fuego porque -señaló- "ardieron eucaliptales pero también castaños" .

La conselleira reconoció que se produjeron más situaciones de riesgo para las casas de las 19 alertas de nivel 2 de las que informó su departamento. "Fueron 19, pero podían ser más porque hubo veces en que ni siquiera dio tiempo a hacer los decretos pertinentes", ilustró. Medio Rural también analiza las posibles consecuencias de las llegada de cenizas a ríos y rías. Vázquez respaldó su acusación hacia los incendiarios "homicidas" alegando que, de los 273 incendios registrados durante el fin de semana, 93 (34%) se originaron entre las ocho de la tarde y la medianoche, cuando los medios aéreos no pueden operar.

También reveló las primeras estimaciones de daños causados por las llamas en una intervención en que quiso mostrar su pésame a las familias de los cuatro fallecidos por las llamas. Según sus datos, el fuego dañó 23 casas, 20 de ellas situadas en Pontevedra (cuatro deshabitadas), dos en Ourense y una en Lugo. Además, siete naves industriales y diez galpones están afectados en Pontevedra, tres instalaciones más en Ourense y otra en Lugo. En cuanto a los vehículos, enumeró seis en Pontevedra, dos en Ourense y otros dos en Lugo.

La conselleira también recordó la "responsabilidad" de toda la sociedad a la hora de luchar contra el fuego, por ejemplo, cumpliendo la limpieza de fincas de combustible vegetal, aunque la virulencia de estas jornadas provocase que "ardiese hasta el césped regado". También clamó contra la "omertá" hacia los incendiarios y pidió a los vecinos que los denuncien.

Su petición de apoyo a la oposición topó con críticas al "simplismo" de acusar al "terrorismo" medioambiental en exclusiva de la tragedia. Villares aseguró que "faltaron medios y sobró incompetencia", en alusión a unos recortes de personal que la Xunta negó. "La ciudadanía no merece a un presidente cobarde", añadió, tras reclamar una nueva política forestal y acabar con el cultivo del eucalipto.

El socialista José Antonio Quiroga vinculó la "incompetencia y descontrol de la Xunta" con el riesgo para la población, "que quedó a merced de los vientos que ayudaron a pasear el fuego por buena parte del país". También afeó a Medio Rural no adaptar su dispositivo a las nuevas condiciones climatológicas del otoño gallego.

En ese punto incidió Ana Pontón, del BNG, que exigió cambios en política forestal y recriminó a la Xunta buscar un "relato exculpatorio" cuando "ya se conocían" las previsiones de calor y viento.