Las familias de los cuatro fallecidos por causa de la ola de incendios que se produjo el fin de semana recibirán una indemnización por parte de la Xunta de 75.000 euros, a pesar de que sus pérdidas "son irreparables", en palabras el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Los dueños de las 32 viviendas afectadas o destruidas también obtendrán fondos autonómicos para restaurar sus propiedades, distinguiendo las aportaciones entre el estado de cada inmueble y si se trata de la residencia habitual. En este último caso, el Ejecutivo habilitará fondos para cubrir el 100% de la reparación, aunque con un tope: el 75% del precio de una vivienda protegida en la localidad donde esté situada. De acuerdo con las tablas de precios de la Xunta, el límite rondaría los 133.000 euros para un piso de 100 metros cuadrados sin garaje ni terraza.
El Consello del Gobierno gallego aprobó ayer un decreto de ayudas urgentes para los damnificados por las llamas que desde el fin de semana calcinaron más de 35.000 hectáreas en la comunidad, dejaron cuatro fallecidos y pusieron en riesgo la vida de miles de personas. La dotación económica se irá concretando a medida que cada departamento publique las órdenes de las ayudas y los plazos para solicitarlas, según respondió ayer Feijóo cuando se le preguntó sobre el gasto público que supondrían.
Feijóo lamentó la pérdida de vidas humanas a consecuencia de una actividad incendiaria que calificó de nuevo de "terrorismo", motivo por el cual su Ejecutivo elevó la cuantía de las indemnizaciones para los familiares de los cuatro fallecidos -también para casos por incapacidad absoluta- respecto a la cantidad que las administraciones, explicó, aportan en casos de emergencias. "No son víctimas de una emergencia, son víctimas de una intencionalidad delictiva", alegó. Los 75.000 euros que la Xunta entregará a las familias multiplican por cuatro los 18.000 para los casos de emergencias, según fuentes del Ejecutivo. Además, ofrecerá entre 60 y 103 euros por cada jornada de hospitalización.
La atención a las personas que sufrieron daños en sus viviendas será prioritaria para el Ejecutivo. Sus ayudas distinguirán entre viviendas habituales destruidas y afectadas y en esas dos categorías en caso de las casas o pisos ocasionales.
El martes, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, cifró en 23 las viviendas dañadas, nueve menos que la cifra aportada ayer. Además, añadió desperfectos en siete naves y diez galpones de Pontevedra, más tres instalaciones en Ourense y otra en Lugo. También resultaron afectados diez vehículos.
Los fondos públicos "serán compatibles" con otras ayudas o indemnizaciones públicas o privadas "hasta el límite del valor del daño producido o de la cuantía o porcentaje de este que se fije" en cada convocatoria de ayudas, que también irán destinadas a quienes sufriesen daños en negocios (incluyendo mercancía o vehículos), naves industriales o maquinaria, así como en explotaciones agrícolas o ganaderas. También para las entidades locales con desperfectos en infraestructuras como la red eléctrica, el sistema de saneamiento o mobiliario, entre otros. La Xunta les pidió hace dos días que evalúen los daños sufridos.
Para las viviendas de uso habitual, la Xunta cubrirá el 100% del valor de "reparación o reposición" del inmueble, con un máximo de que supondrá el 75% del precio de una vivienda protegida en su localidad. El precio máximo en la lista de tipos de inmuebles protegidos en Galicia asciende a 1.773 euros por metro cuadrado en el caso del tipo de protección autonómica de régimen concertado. Para un piso de 100 metros cuadrados sin terreno ni garaje, la ayuda máxima rondaría los 133.000 euros. En el caso de las viviendas de carácter ocasional, sus propietarios podrán solicitar ayudas de hasta el 40% del valor de reparación o reposición. Se incluyen en las ayudas las construcciones anexas, como hórreos, pozos o invernaderos para autoconsumo.
El decreto de la Xunta también permitirá cubrir el 100% de pérdidas en el ajuar doméstico de primera necesidad y en la vivienda habitual y del 40% en la ocasional.
La administración autonómica prevé sufragar los gastos ocasionados por el alojamiento provisional de las familias afectadas. Feijóo cifró en 2.500 los ciudadanos que fueron desalojados de sus viviendas. Además, ofrecerá asesoramiento en la negociación con las compañías aseguradoras a quienes contasen con pólizas sobre sus bienes, según detalló el titular de la Xunta. Finalmente, Feijóo pidió involucrarse en la reparación de daños económicos y medioambientales al Ministerio de Agricultura y declaró que la Xunta impulsará una comisión conjunta con entidades locales y provinciales y Gobierno central para "concretar actuaciones".
