Detrás de la ola de incendios de 2006 que redujo a cenizas más de 95.000 hectáreas de monte, la Fiscalía gallega no encontró la sombra de una mano negra. Las investigaciones por los más de 1.900 fuegos que asolaron la comunidad en pleno mes de agosto no revelaron entonces la existencia de trama organizada alguna, como tampoco las abiertas en años posteriores. Por los efectos devastadores de las llamas de aquel negro verano, fueron arrestados un total de 58 incendiarios en la comunidad -28 en Pontevedra, 12 en A Coruña, otros 12 en Ourense y seis en Lugo. La falta de pruebas concluyentes y de testigos que señalasen al presunto autor explica el reducido número de detenidos llevados a juicio y, en consecuencia, las contadas condenas a prisión.
Aunque fueron un total de 15 los arrestados por la ola de incendios de hace ya once años que ingresaron en prisión preventiva -o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro detenidos-, finalmente tan solo se dictaron dos penas de cárcel por haber prendido fuego al monte.
El 60% de los detenidos por la catástrofe medioambiental de 2006 en los montes gallegos fueron absueltos o su causa fue sobreseída. Y del 40% de condenados, la mayoría se resolvieron con el pago de una multa. Tres ingresaron en un centro psiquiátrico y otros tres fueron derivados a centros de menores. Al año siguiente de la ola de incendios que devoró la superficie equivalente a 25 ciudades del tamaño de A Coruña o nueve como Vigo, solo había un arrestado en prisión: un pirómano de 52 años acusado de 93 incendios. Al detenido le habían atribuido una serie de fuegos en 2002 y el del 4 de agosto de 2006 en Cerdedo. En total, 93 incendios. El ocurrido en la localidad pontevedresa afectó a más de un millar de hectáreas y causó la muerte de una mujer de 75 años y su hija de 50 años al quedar atrapadas por el humo y las llamas cuando viajaban en un vehículo.
Por la ola de fuegos de este mes de octubre se practicaron hasta el momento dos imputaciones. Miguel Ángel M., de 55 años y vecino de Vigo, fue detenido la semana pasada por provocar un fuego que afectó a una hectárea en su finca de Os Blancos (Ourense) mientras asaba un chorizo el domingo día 15. La proximidad de las llamas a varias viviendas acarreó su ingreso en prisión sin fianza.
La otra investigada por esta cadena de incendios es María Luisa C. C., que como consecuencia de una quema de rastrojos en una finca de su propiedad provocó un foco que afectó a dos hectáreas. La mujer de 74 años, denunciada por un vecino por su negativa a prestar una manguera cuando ardía el monte, no ingresó en prisión por razones humanitarias, según argumentan desde la Xunta, ya que tiene a su cargo a su marido en silla de ruedas y a un hijo discapacitado físico. Ninguno de los dos investigados hasta ahora responde a la hipótesis defendida por la Xunta de una trama organizada. Como también se descartó en 2006 y en las investigaciones que se abren cada año por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
¿Quién está detrás de los incendios? Y, ¿por qué las llamas devoran más monte en Galicia que en t otros territorios? Varón de 41 a 55 años. Ese el perfil de los incendiarios arrestados en la ola de incendios de hace ya 11 años. Ni grupos criminales ni tramas organizadas. Las pesquisas revelaron entonces que los sospechosos actuaron solos. Sin cómplices ni coautores. Las investigaciones y las pruebas obtenidas revelaron que tan solo el 60% de los incendios de ese año habían sido intencionados. Un dato que difiere de las estadísticas oficiales que situaban la intencionalidad en la comunidad en casi un 85% frente a poco más del 30% de la media estatal. Casi el 40% de los fuegos declarados aquel fatídico verano tuvo su origen en prácticas tradicionales inadecuadas, como la quema de rastrojos, eliminación de matorral o regeneración de pastos; e incluso en fogatas para ahuyentar a los animales salvajes. Solo el 7% fueron provocados por pirómanos.
Con cada delito de incendio forestal investigado en Galicia, el proceso se repite. Son muy pocos los incendiarios que los fiscales logran sentar en el banquillo. Y de los juicios celebrados, las condenas son en su mayoría el pago de una multa. La pena de prisión es excepcional, tan solo para los reincidentes. Y para eso tiene que haberse producido una condena antes por sentencia firma, ya que no basta con sospechar que esa persona está detrás de otros incendios. Hacen falta pruebas. Y en este tipo de delitos es muy complicado encontrar el arma del delito y testigos que sitúen al autor en el lugar de los hechos.
El proceso de investigación es lento y complejo por las pruebas que desaparecen por la naturaleza de este tipo de delitos, en los que las llamas no suelen dejar ni rastro del arma del crimen ni huellas de los autores. Y, según advierten fuentes de la investigación de la ola de incendios de este mes de octubre, no por detener de manera inmediata, se es más eficaz en la resolución del caso.
Los datos hablan por sí solos. En los últimos cinco años se registraron en Galicia más de 2.500 delitos de incendios forestales, pero solo 171 fueron llevados a juicio, lo que supone un 7% del total, según avanzó este periódico el pasado mes de julio.
