La operación Campeón, que destapó en 2011 un fraude de subvenciones de la Xunta y tráfico de influencias para favorecer a la farmacéutica Nupel, toca su fin. Esta semana arrancó el juicio en la Audiencia de Lugo con tan solo uno de los 13 encausados sentados en el banquillo, ya que el resto llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para pactar una rebaja de las condenas a cambio de reconocer los delitos. En su tercera sesión, el juicio quedó visto para sentencia con una reducción de la petición de la pena para el único procesado, el empresario Javier Rodríguez, socio del supuesto cerebro de la trama Jorge Dorribo. La Fiscalía solicitó para Rodríguez 13 meses de prisión y multas que suman 3,1 millones, además de una responsabilidad civil de 271.500 euros. Inicialmente, el Ministerio público pedía para el socio de Proitec, empresa que ofreció asesoramiento a Nupel, cuatro años de cárcel y multas que rondaban los 9 millones por delitos contra la Hacienda pública, pero al igual que a los demás acusados, en sus conclusiones definitivas, le aplicó el atenuante de dilaciones indebidas.

Los letrados que representaron en el juicio al exdiputado del PP Pablo Cobián, y al que fuera director xeral del Igape, Joaquín Varela, insistieron ayer en las conclusiones de la vista oral, a pesar de que sus clientes ya habían alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en que ninguno tenía intención de delinquir con sus actos. Ulises Bértolo, letrado de Cobián, recordó que, a pesar de la acusación inicial del ministerio fiscal, quedó demostrado que por parte de su cliente no hubo ningún delito "de fraude en subvenciones", ni tampoco de "cohecho", porque no se ha apreciado en su comportamiento "indicio de contraprestación económica". Aunque el Ministerio fiscal expuso en sus conclusiones que Cobián era el intermediario de los cerebros del fraude para llegar a Joaquín Varela, Bértolo precisó que su cliente solo hizo "gestiones políticas", que en algún momento "pudieron ser excesivas".

El abogado de Rodríguez volvió a cargar toda la responsabilidad en su socio Carlos Monjero. Lo acusó a él y a Dorribo de estar interesados en que se le condene por motivos económicos, con el objetivo de que pague su parte.

La representante del Ministerio fiscal mantuvo en las conclusiones que el único investigado que no llegó a un acuerdo de conformidad,tenía "el mismo conocimiento" que su socio y "la misma capacidad de decisión" en lo que se refiere al fraude investigado. En relación con la acusación contra Rodríguez, la fiscal aclaró que su participación en la empresa "no se limitaba a trabajos de arquitectura", un extremo que "quedó acreditado desde el primer minuto", porque "todas las decisiones se tomaron de forma consensuada" y así lo reconocieron tanto Monjero, como Dorribo y uno de los empleados de Proitec.