La Xunta destinará casi 21 millones de euros a paliar los daños causados por los incendios que este mes causaron la muerte de cuatro personas, dañaron cientos de propiedades, obligaron al desalojo de 2.500 ciudadanos y calcinaron 35.500 hectáreas. De esos fondos, 11 millones se corresponden con partidas destinadas a la ciudadanía, que podrá solicitar a partir del lunes subvenciones para reparar sus viviendas, instalaciones o bienes afectados por las llamas. En caso de que las necesidades lo requieran, el Ejecutivo ampliará los fondos disponibles, según insistió ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Otros siete millones se destinarán a reforestación y rehabilitación de suelos y el resto, a otros daños, como las infraestructuras municipales.
El Consello semanal de la Xunta aprobó la orden que regula estas ayudas, que podrán solicitarse a partir del lunes, tras ser publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), tras recibir previsiblemente hoy autorización estatal. En el caso de las reparaciones de viviendas, el plazo asciende a 90 días; en el resto, a 30. Se adelantará hasta el 80% de la subvención.
En el caso de las de uso habitual, las ayudas alcanzarán un máximo que rondará los 100.000 euros para el 100% de la reparación; mientras que en las casas o pisos de uso ocasional será de 40.000 -el 40% de los desperfectos-. También se podrán lograr 3.000 euros por los enseres perdidos. En total, esta partida alcanzará los dos millones, más otro medio millón para el alojamiento provisional hasta dos años de familias sin otra residencia. Recibirán hasta 450 euros mensuales.
Las ayudas tendrán "carácter subsidiario respecto a cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, del que puedan ser beneficiarios los afectados", según establecía el decreto que activaba la atención de la administración a las víctimas.
En esa norma publicada el viernes en el DOG, se condicionaban las indemnizaciones a las familias de las cuatro víctimas mortales a que las investigaciones probasen la "existencia de intencionalidad" en los tres incendios que causaron su fallecimiento, requisito extensible a los casos de incapacidad o pago de gastos médicos en clínicas privadas. El Gobierno gallego no tiene constancia de este último supuesto.
La diputada socialista Patricia Vilán alertó ayer de la "letra pequeña" de las medidas del Ejecutivo y denunció que el cobro se produciría solo cuando existiese una "sentencia firme" que estableciese la intencionalidad del fuego. Feijóo lo negó y vinculó el citado condicionante a una "cláusula de estilo".
Las familias de los fallecidos cobrarán los 75.000 euros previstos, que multiplican por cuatro las indemnizaciones en casos de muertes en situaciones de emergencia al entender el Ejecutivo autonómico que las llamas son responsabilidad del "terrorismo incendiario".
En el caso de los daños en establecimientos comerciales, mercantiles o industriales, las subvenciones destinadas a rehabilitación podrá llegar a los 600.000 euros, al tiempo que se concederán préstamos blandos. También podrán pedir fondos quienes perdiesen maquinaria, madera que no pueda aprovecharse, producción agrícola, ganado...
El resto de ayudas se distribuyen entre un millón para la cobertura de posibles daños en bancos marisqueros, la atención específica a los parques naturales de Baixa Limia-O Xurés, Ancares y O Courel.
La Xunta también ofrecerá asesoramiento a particulares y empresas en la ejecución de pólizas de seguros. Para informarse, los afectados dispondrán desde el lunes del número 900 815 400.
Feijóo defendió la "máxima urgencia" en la habilitación de ayudas a los afectados, pero pidió a los concellos información sobre estos para evitar demoras, al tiempo que urgió "coordinación" con las diputaciones. En el caso del Gobierno central, que aún no ha solicitado parte del fondo que la Unión Europea (UE) le ha ofrecido a España y Portugal por los incendios forestales de este verano y otoño, confió en que el Consejo de Ministros apruebe hoy un decreto de ayudas.
