María José Caldelas, diputada del PP entre 2001 y 2005 y esposa del presidente de la Diputación de Ourense y del Partido Popular en la provincia, José Manuel Baltar, ha sido condenada a un año de cárcel, una multa diaria de cinco euros durante doce meses y al pago de las costas procesales por falsificar la firma en 2009 y 2011 de las personas que le vendieron un pub en el centro de la ciudad de As Burgas para poder lograr licencias municipales y acometer reformas en el local. Contra el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense por el delito de falsedad documental, cabe recurso.

El caso arranca con la adquisición por parte de Caldelas del citado local en la céntrica Praza das Mercedes, que regentó entre los años 2008 y 2011. En 2009, sin embargo, el concello denegó el cambio de titularidad del local.

Uno de los vendedores del establecimiento denunció la falsificación de su firma en documentos fechados en 2009 y 2011. En el primero se solicita al concello permiso para instalar diez veladores en la plaza; en el segundo, una prórroga de la licencia para poder acondicionar el establecimiento y pasar de la categoría café bar especial a café bar, según recoge la sentencia, de la que informa Europa Press.

La sentencia reconoce la "verosimilitud" del denunciante y destaca que la firma en el documento de 2009 se parece a la este, pero la de 2011 "no guarda ninguna semejanza".

Para el juez, resulta "un tanto sorprendente" lo manifestado por la acusada relativo a que "siempre pensó que era un café bar especial", toda vez que en el 30 de septiembre de 2008, Carlos P. y Eduardo R., como parte vendedora, y María Josefa Caldelas, como parte compradora, firmaron un contrato de compraventa y cesión del café bar, "no indicándose en ninguna de las cláusulas del contrato que la compraventa y cesión se refería a un café bar especial".

"La encausada conocía que los documentos no habían sido firmados por Carlos, y a pesar de ello, consintió que fueran presentados en el Concello e incorporados a un expediente administrativo, que una vez resuelto, le benefició toda vez que se le concedió licencia para la instalación de veladores así como prórroga para el acondicionamiento del local", recoge el fallo.

Por estos hechos, la acusación particular, pedía por sendos delitos, penas de 1 año y 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e interesaba una indemnización en la cantidad de 1.144,48 euros, informa Efe.