La lucha contra los vertederos ilegales que jalonan los espacios naturales de la comunidad gallega, carcomiendo ecosistemas como termitas de polución, constituye uno de los retos que cada año señala el Gobierno gallego como prioritarios. La cifra de estos basureros al margen de la ley detectados en los montes de la comunidad durante el año pasado se redujo casi a la mitad, pasando de 2.828 a 1.645, de acuerdo con los datos del balance de la Policía Autonómica correspondientes al ejercicio 2016.

Sin embargo, las opciones de sancionar a los responsables disminuyeron en menor medida, pues las denuncias tramitadas pasaron de 1.305 a 1.180, es decir, un 10,5% menos, por motivos como que los responsables de varios puntos puedan ser los mismos.

El mayor porcentaje de denuncias se refieren a residuos domésticos, como electrodomésticos o muebles, que supusieron 610 expedientes, por 411 de los desechos de la construcción y 37 de neumáticos. En el caso de las inspecciones, los datos son de 832, 648 y 39, respectivamente. El resto no están identificados en la información del cuerpo, dependiente de la Vicepresidencia.

El Ejecutivo autonómico pretende elevar los castigos económicos por estas prácticas en entornos naturales. El anteproyecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia, en fase de tramitación desde febrero se adapta a la legislación estatal y considera una falta muy grave "el abandono o depósito de residuos fuera de los lugares destinados al efecto". De una sanción máxima de 60.000 euros se pasa a una horquilla de 3.001 a 200.000.