En el caso de la declaración de los técnicos de Ineco, el juez Lago Louro señaló en su auto, apoyándose en la comparecencia de Cortabitarte, que la función de estos profesionales no se limitaba a una mera labor auditora exenta de capacidad de decisión sino que eran los encargados de efectuar la evaluación de riesgos y comunicar a Adif todas las deficiencias que detectasen.

La técnica Laura López, responsable de aprobar el informe de evaluación externa que realizó la consultora pública, aseguró ayer ante el magistrado que su análisis fechado y firmado en diciembre de 2011 llegó solo hasta el punto kilométrico 84,144 dejando fuera el 84,413 en el que descarriló el Alvia. Se trata de un trazado casi rectilíneo desde la salida de Ourense hasta justo antes de Angrois y de la curva de A Grandeira que obligaba a reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora. Frente a las acusaciones de Cortabitarte, aclaró que la consultora "no puede ni debe proponer los medios para mitigar los peligros".

Actas de reuniones a las que ha tenido acceso Europa Press y que no constan en la causa dejan claro la discrepancia entre el área de Seguridad de Adif y la de Obras. El departamento que dirigía Cortabitarte tuvo conocimiento en 2011 que faltaba el informe externo de Ineco para el tramo en el que se produjo el accidente y lo requirió en varias ocasiones. El área de Obras planteó entregar un decálogo, menos exigente y el documento más común en la puesta en servicio de la red convencional. La Dirección de Seguridad informó de un "enclavamiento" nuevo en Santiago para el que requirió varias veces el informe del Ineco y, sin embargo, esta solicitud dejó de reclamarse en actas posteriores.